Por más de 4 años de presidio fue imputado, propietario de la funeraria por el delito consumado de falsificación de instrumento público.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y tras órdenes de investigación emitidas a la PDI, se conoció que Fernando Humberto Morales Luna, tras el objetivo de captar más clientes comenzó a ofrecer a las familias de personas fallecidas que concurrían a su empresa, certificados de defunción contemplando además el servicio funerario.
Dentro de las investigaciones se conoció que, para ofertar dicho trámite, usaba talonarios de certificados médicos timbrados con la identificación y datos de su hija de profesión médico, ya que conocía su firma.
Cabe destacar que el imputado falsificó en reiteradas oportunidades causas de muerte de múltiples personas, sin intervención de ningún profesional de la salud que realizara atenciones o exámenes exigidas por ley, por lo que no contaba con el consentimiento de la hija, debido que ejerce funciones en otra región del país.
Es importante mencionar que esta práctica ilegal implica un grave peligro para la salud pública con infracción al Código Sanitario, ya que las cartas de defunciones e inhumación se realizan cuando se justifica previamente la causa de muerte por el médico que asistió a la persona en su última enfermedad.
Por su parte, el Fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, comentó “Luego de una investigación realizada por la Fiscalía de San Javier y órdenes a la Policía de Investigaciones, se logró establecer que un empresario de una funeraria de esta comuna cometía graves delitos de falsificación. En efecto, esta persona, durante los años 2021 y 2022, falsificó más de 50 certificados de inscripción de defunción del Registro Civil”.
En tanto, el fiscal añadió que el imputado falsificaba las causas de muerte, la firma de un médico cirujano para luego realizar los trámites para hacer la inscripción en el mencionado servicio.
Asimismo, constató que la Fiscalía logró que esta persona fuera formalizada y sometida a prisión preventiva, por lo que fue condenada como autora de falsificación reiterada de documentos públicos e infracción también al artículo 318 de las reglas sanitarias en tiempos de pandemia.
“Se logró establecer también que una de estas falsificaciones correspondía a una persona que había fallecido por COVID 19 y que, en consecuencia, el imputado falsificó esta causa de muerte para poder realizar el sepelio respectivo” explicó el fiscal Patricio Caroca”.
Del mismo modo, el inspector Eliezer Salazar de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Javier, añadió que “detectives de esta unidad policial, en virtud de una investigación por el delito de falsificación y uso malicioso de documento público, previa coordinación con la Fiscalía Local, concurrieron a una funeraria de la comuna, ya que su propietario estaría emitiendo certificados de defunción sin estar facultado para ello”.
Aunado a eso agregó que los oficiales policiales encontraron elementos asociados al delito por lo que se dio cuenta al fiscal de la causa, siendo detenido y puesto a disposición del tribunal.
Finalmente, se conoció que Morales Luna fue condenado por falsificación de instrumento público, a 3 años y un día de presidio y por infringir el artículo 318, a 541 días de presidio, disponiendo el tribunal que podrá cumplir la pena bajo libertad vigilada, en tanto deberá cancelar una multa de 25 Unidades Tributarias Mensuales, lo que corresponde a un monto aproximado de poco más de un millón y medio de pesos.
