Dr. Emilio Moyano Díaz. Académico de Excelencia, Universidad de Talca (Chile).
Terminamos 2023 sin resolver el tema pensiones. Éstas en principio son parte del sistema de
seguridad social de los países, pero en Chile, y desde la dictadura, en verdad son parte de un sistema de seguros que cada ciudadano-trabajador suscribe. Allí se decidió aumentar las remuneraciones de los trabajadores mediante la disminución de un 20% a un 10% las cotizaciones, aumentando así en principio el sueldo con ese 10%, lo cual trajo “pan para hoy y hambre para mañana”…y hoy se vive crudamente el ‘mañana’.
Pensiones fue una de las principales reclamaciones durante el estallido social de 2019 (salud y dignidad, las otras). Lamentablemente, en todos estos años solo se escucha repetidamente mismos argumentos pro y en contra de un limitado número de propuestas. Han pasado largos años -más de 12- y ni el Parlamento ni los gobiernos de diferente signo ideológico -la clase política- han sido capaces de resolverlo y así, se procrastina y procrastina. Se suma a esta ineficacia, la existencia de un 28% de trabajo informal nacional, de modo que casi 3 de cada 10 trabajadores (as) no tienen previsión o ‘seguridad social’, lo que augura para ellos(as) –y el país- un futuro distópico (cada vez peor o extremadamente alejado de cualquier ideal).
No profundizaremos aquí -por sabido-, sobre las tremendas brechas en desmedro de las mujeres, ni en sus causas, e injusticias asociadas. Sólo agreguemos que las clases medias quedan excluidas del pilar solidario que ayuda a compensar pensiones magras. Lo que interesa aquí en cambio, es mostrar que existen países democráticos, con sistemas políticos más refinados –a imitar-, donde muchas decisiones de alta relevancia política social, económica o científica, son tomadas por los ciudadanos y no por los políticos. Así, por ej., la Confederación Suiza es famosa por sus propuestas legislativas a través de referendos nacidos desde su Constitución de 1848, siendo 4 al año.
Éstos están anunciados y calendarizados anualmente (en 2023 ocurrieron en junio, octubre y noviembre, excepcionalmente no hubo en marzo), y en cada uno se vota por 3, 4 o más preguntas. En 2022 el porcentaje de participación ciudadana en aquellos alcanzó poco más del 52%. Los referendos suizos son de 3 tipos: obligatorios, facultativos (opcionales) y las iniciativas populares. Los obligatorios, se realizan desde 1848, cuando el parlamento quiere cambiar la constitución en cualquiera de sus partes, el país quiere ingresar en alguna organización supranacional o se quieran adoptar leyes de carácter urgente, en estos casos los ciudadanos tienen la última palabra de si se aprueban o no estas decisiones. Para el apruebo se necesita una doble mayoría de voto popular y voto cantonal (regional diríamos aquí), en otras palabras, se necesita de mayoría popular sumado a una aprobación de la mayoría de los cantones (13 o más).
Los referéndums facultativos son de carácter opcional, es decir, que uno no está obligado a formar parte del mismo (comenzaron en 1874). Se trata de que cuando el parlamento aprueba una ley y una parte de la población quiere revocarla, pueden juntar 50 mil firmas en un lapso menor de 100 días, para habilitar un referéndum nacional y que la población decida si efectivamente esa ley entrará en vigor o será derogada. El proceso se aprueba con una mayoría simple de los votantes. Finalmente, las iniciativas populares que tienen la posibilidad de someter a votación leyes cantonales, federales o cambios en la Constitución del país, siempre y cuando se cumpla con el siguiente requisito: recolectar un mínimo de 100 mil firmas de ciudadanos con derecho a voto en un lapso de 18 meses.
En caso de conseguirlo, se realizará una consulta popular para aprobarla o rechazarla, será opcional si se trata de una ley normal, y obligatorio si es un cambio en la constitución del país. El referéndum de febrero de 2022 se preguntó sobre cuatro temas: Sí (o no) a la prohibición de experimentos con animales y humanos (rechazado), Sí (o no) a la protección de niños y adultos jóvenes de la publicidad del tabaco (aceptado), modificación de la Ley Federal de Derechos de Timbre (rechazado), Ley Federal de un Paquete de Medidas en Beneficio de los Medios de Comunicación (rechazado). En setiembre se consultó acerca de No a la agricultura industrial (rechazado), Financiación del seguro de jubilación por aumento del IVA (aceptado), Modificación de la Ley Federal del Seguro de Vejez y Sobrevivencia (aceptado), Modificación de la Ley Federal de Retención de Impuestos (rechazado). Otros ejemplos de temas de referéndums han sido decisiones acerca diversidad sexual (1992), servicio militar obligatorio (2013), sobre matrimonio igualitario (2021), Relaciones Suiza- Unión Europea (2023), etcétera.
No cabe duda que los referéndums dan poder a la ciudadanía, haciéndola realmente participante de las decisiones nacionales, superando el nivel de solo observadores de la ‘política espectáculo’ (ya sea de ‘nichos’ o de ‘mayorías’). Cada referendo genera que en los hogares los miembros de la familia piensen y comenten acerca de lo que se propone, el pro o contras de apoyar o rechazar lo que se preguntará. Así, los niños y jóvenes escuchan o participan de dichas conversaciones educándose cívicamente en la práctica. Posteriormente esa misma familia evaluará si les convino o no votar como lo hicieron. Aprenden. Pues bien, en Chile la actual constitución incluye la posibilidad de plebiscitos genéricamente, pero deben ser llamados por el Pdte. Y su fuerza vinculante dependerá si ocurre en el contexto de una ley aprobada en el Congreso.
También, cuando hay descuerdo entre el Pdte. y el Congreso por un proyecto de reforma constitucional. Como Ud. observará, no se trata de un ejercicio habitual en la política chilena. Y sin embargo, la clase política, día a día, mes a mes, y año a año (más de 10!) evidencia ineficacia respecto de pensiones en este caso. Algunos consensos y la disputa central. Toda la clase política sabe que el tema de las pensiones es uno pendiente desde hace más de 10 años. Están de acuerdo en que el actual 10% de cotizaciones es muy insuficiente. También, que es necesario aumentarlas en 6% y, que los fondos son no expropiables. La disputa entonces es cómo se distribuye ese 6% y quien lo administra.
Éste es un típico tema para referendo, y que los ciudadanos elijamos! Los políticos ya han demostrado largamente que no son capaces de ponerse de acuerdo para resolverlo. Los unos sostienen que ‘debe’ haber solidaridad, y que un porcentaje de ese 6% entonces debe ir a ello, los otros que todo el 6% ‘debe’ ir al ciudadano. Al fracasar una y otra vez las conversaciones, los unos recursivamente señalan que volverán a presentar una iniciativa al respecto, que resultará inútil toda vez que los otros corean, también recursivamente, que no están dispuestos a algo diferente al 6% para los ciudadanos. Son argumentos que con escasas variaciones se repiten hasta la saciedad, y los/as ciudadanos/as oyen más, y más, y más de lo mismo, lo cual es inútil y mentalmente tóxico. La última propuesta de gobierno es 3% para seguro social de quienes cotizaron y tienen pensiones muy bajas, 2% a capitalización individual, y 1% para financiar salas cunas.
Esta propuesta – y sus alternativas- debieran ser sometidas a plebiscito a los ciudadanos, solucionando un grave problema problema no resuelto, y de paso mejorando nuestra democracia y educación cívica. Se requiere que Chile viabilice y practique el mecanismo plebiscito o referendo con cierta frecuencia. Se trata de una herramienta utilísima siempre, y especialmente para mejorar democracias precarias, que son incapaces de resolver conflictos que datan de 12 o más años como las pensiones. No basta con la democracia electoral (realizar elecciones populares limpias, con resultados prontamente conocidos y no objetados) o con la división de poderes, y similares. Hay que mejorar la democracia y a fortiori cuando hoy las democracias están en cuestión, con una gran cantidad de latinoamericanos (incluidos chilenos) que están dispuestos a sacrificar el valor libertad por el de seguridad, valor éste que la democracia de hoy –al menos en Chile- no está siendo capaz de garantizar.
Sólo un ejemplo, respecto a seguridad sanitaria: 10.477 personas que estaban en alguna lista de espera para atención de salud murieron en Chile durante el primer cuatrimestre de 2023, según informe que el Ministerio de Salud envió a la Cámara de Diputados y Diputadas. No es difícil calcular entonces que a diciembre 2023 son 30 mil! (para referencia comparativa, alrededor de 60 mil murieron por COVID, y 500 mueren por accidentes de tránsito, por cuatrimestre, 1500 anuales). Y, lamentablemente como en otros temas de seguridad, el relativo a la seguridad sanitaria tampoco se resuelve con solo aumentar el presupuesto. Sobre todo, se necesita gestión eficiente (con los recursos que haya), y eficaz (disminuir listas de espera aumentando número de atenciones por unidad de tiempo). Si esto no se mide ni se controla, el dinero se pierde en un pozo sin fondo, para tragedia y pesar de los chilenos más desfavorecidos, muchísimos de los cuales son parte de los 16.023.440 personas que a julio de 2023 hay en Fonasa.
