Artículo por Jorge Navarrete Bustamante, Director Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Facultade de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.
Chile está en peligro. Es imperioso un amplio compromiso político para lograr una Constitución Política del Estado que interprete a su inmensa mayoría.
Sabemos que en los últimos dos comicios, se estableció la obligatoriedad de sufragar a casi 5 millones de compatriotas que, por diversas razones (principalmente por desafección hacia los políticos), antes no lo habían hecho.
Y claro, en el resultado final -triunfo de la ultraderecha- incidió también la propaganda que convenció a los “incautos” de enfocarse en elegir propuestas y candidatos que combatieran la inusitada inseguridad ciudadana, más que en los argumentos preponderantes de una moderna Constitución.
También es cierto que esos casi 5 millones de obligados electores optaron por castigar al actual gobierno, y también a los partidos tradicionales de la derecha y de la centro derecha, más que elegir representantes comprometidos con una “Casa “de”, y “para” todos”.
Asimismo, es verdad que esos obligados nuevos electores “sentían” la necesidad de “sustituir” definitivamente a “partisanos” constituyentes de izquierda, y “probar” con nuevos exponentes de la ultraderecha; erradicando simultáneamente, los malos ejemplos ciudadanos manifestados por algunos (as) constituyentes en el procesos anterior, junto con las amenazantes “fake news” de que “Chile se dividiría e varias Tribus”, que se “cambiaría la bandera y la canción nacional”, y que se quitaría el dinero previsional a la gente…
“Salimos de las llamas, y caímos en las brasas”…
Efectivamente, el actual procesos constituyente, bajo la hegemonía del partido republicano cuyo Führer o ‘caudillo’ es José Kast, debe evacuar en pocos días más “su” propuesta constitucional, la cual está contagiada del fundamentalismo e integrismo sin precedente en la Historia de Chile.
Ni Pinochet impuso algo tan humillante. Por ejemplo: se elimina el derecho a indemnización por años de servicio (olvídese del finiquito); podrán privatizar ríos, lagos, caminos y playas que hoy son bienes nacionales; se fulminan la paridad de género y derechos consagrados a la mujer; un colegio podrá vetar a hijos de madres solteras, o de pareja gay, y a una alumna que se embarace; criminaliza las tres causales de aborto (entre ellas la de violación, malformación del feto…), un canal de TV podrá negarse a difundir campaña de salud pública; una farmacia podrá negarse a vender píldora del día después; limita el derecho constitucional a huelga; se beneficia a asesinos, torturadores y violadores de la dictadura… Para que continuar.
Así, el Partido Republicano -enyugando a la UDI y RN- han desmantelado el Estado Social y Democrático de Derecho antes concordado en el Congreso Nacional, y luego legislado por la Comisión de Expertos.
El totalitarismo moral de Kas, se está imponiendo en el derecho público, blindándole con la coerción del Estado, que hasta Evelyn Matthei rechaza.
La única salvación que tiene Chile, es un pacto entre partidos democráticos -desde la UDI al Frente Amplio- apoyando la propuesta final de la Comisión de Expertos Constitucionales, previo anuncio de rechazo a la “Kastitución”.
