Artículo de opinión por Pedro Ignacio Albornoz Sateler, abogado y presidente del Colegio de Abogados Regional del Maule.
No nos damos cuenta de que en menos de 90 días deberemos votar respecto del proyecto de nueva Constitución. Efectivamente, el 17 de diciembre próximo todos los chilenos con derecho a sufragio – pues el voto será obligatorio – deberemos pronunciarnos sobre el trabajo de los “Expertos” y “Consejeros Constituyentes”.
La falta de interés de la ciudadanía se explica en parte porque todos se dan cuenta de que el proyecto que será sometido a votación popular no será “refundacional”, como pretendía serlo el anterior que fue rechazado en el plebiscito de 4 de septiembre de 2022. La gente entiende, entonces, de que no está en juego la estructura política base del país, la unidad de la nación, ni sus derechos fundamentales. De ahí que exista una menor “preocupación”, interés o temor por el resultado del proceso.
Pero el nuevo texto de la Constitución no deja de ser importante. Es nada menos que la “Ley Fundamental” (como se denomina en otros países, como Alemania). Una buena Constitución puede facilitar mucho la libertad, convivencia y el progreso de una nación, y una mala, perjudicarla también bastante.
Por cierto que una nueva Carta Fundamental no resuelve todos los problemas, sobre todo a corto plazo. Por ejemplo, la crisis de seguridad pública, los escándalos de corrupción o el estancamiento económico estarán estando allí luego del 17 de diciembre, cualquiera que sea el resultado del plebiscito. Pero a mediano y largo plazo, una buena Constitución nos puede ayudar a solucionar los problemas de fondo de la sociedad chilena en forma mucho más eficaz.
Mi opinión personal es que no estamos lejos de un texto constitucional que sea razonable y aceptable para una gran mayoría del país. Por una parte, el proyecto en estudio respeta los famosos “12 bordes” que fueron acordados por todos los sectores políticos al comienzo del proceso; en segundo lugar, el anteproyecto redactado por el ”Comité de Expertos”, con representación paritaria de Gobierno y la Oposición, estableció un texto que respeta la tradición constitucional chilena e incorpora varias disposiciones tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema político y actualizar los derechos de las personas. En tercer lugar, el texto que está aprobando el Consejo Constitucional sigue en lo fundamental el mencionado anteproyecto, aunque con algunas “indicaciones” en discusión sobre temas muy polémicos, pero que no necesariamente son los más importantes.
Ahora mismo nos encontramos en la etapa decisiva de la redacción de la nueva Carta Fundamental: a más tardar el 7 de octubre próximo el Consejo Constitucional deberá presentar su proyecto; y en las semanas siguientes se producirá una interacción entre ese Consejo y el “Comité de Expertos” para establecer la redacción definitiva que será sometida a la consideración ciudadana. El 7 de noviembre, y no después, deberá presentarse el texto final, y el 17 de diciembre se someterá a votación popular.
El proceso de reemplazo institucional actualmente en curso es el segundo; como todos sabemos, el anterior fracasó. El país se ha dado una segunda oportunidad. Es importante no desaprovecharla, por cuanto probablemente no habrá una tercera durante de bastante tiempo. Todos los sectores políticos responsables debieran contribuir a aprobar un nuevo texto, y de esa manera concluir esta etapa de incertidumbre normativa con una nueva Carta Fundamental de amplio consenso que nos rija por los siguientes 40 y 50 años.
