La querella criminal fue presentada el pasado 20 de julio contra Julio Contardo en el caso que involucra al primer miembro del Tribunal Electoral Regional del Maule, quien fue imputado por abuso sexual infantil y producción de material pornográfico infantil.
Este pasado 14 de julio, fue publicado un reportaje que reveló que Gastón Francisco Pinochet, primer miembro del Tribunal Electoral Regional del Maule, está imputado por abuso sexual infantil, producción de material pornográfico infantil y amenazas, quien también tuvo un estrecho vínculo con la causa siendo representante legal de un organismo colaborador acreditado del Servicio Mejor Niñez, Corporación de Ayuda a la Familia; fundación que fue acreditada en el 2022 por el Servicio, a pesar de la causa judicial en contra de Pinochet.
Junto a lo anterior, un memorándum del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que “niñas y adolescentes que residían en aquel entonces en el RPM Residencia Victoria, de la ciudad de Talca, dependientes de la “Corporación de Ayuda a la Familia”, organismo colaborador de Sename y Mejor Niñez, en la cual el imputado ejercía cargo directivo (Pinochet), eran trasladadas por las educadoras de trato directo de la residencia al domicilio particular del presunto imputado, lugar donde cometía los ilícitos”.
Luego de la publicación de estos antecedentes, Fernando Leal, abogado de la causa, interpuso una querella criminal contra el fiscal Julio Contardo y en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por los delitos señalados.
“El fiscal Salgado (fiscal de la causa) y el fiscal Contardo, en forma del todo irregular, se le sometió a una verdadera tortura por parte del CAVAS, al revictimizarla (víctima) exigiéndole su relato de los hechos (…) Salgado y Contardo, antes individualizados, han tenido un actuar que ha implicado impedir que se esclarezcan los hechos, han negado e impedido diligencias necesarias para ello, dictando resoluciones administrativas injustas e infundadas y han decretado una pericia contraria a la ley que solo ha revictimizado (a la víctima)”, se señala en la querella interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Talca, según señaló el medio El Ciudadano.
En esta misma línea, el documento también explica que en el proceder del fiscal encargado de la causa, Oscar Salgado, y de Julio Contardo ha existido por lo menos una negligencia al no decretar las diligencias solicitadas para esclarecer los hechos.
En parte del documento expuesto anteriormente, se detalla que Leal presentó un reclamo a Contardo con copia a la Fiscalía Nacional, debido a la nula entrega de la carpeta investigativa del caso Pinochet.Sin embargo, tras no recibir respuesta, Amnistía Internacional ofició al Fiscal Nacional, permitiendo al abogado querellante recibir dicha carpeta.
Lo anterior, fue exhibido por la diputada Humanista Ana María Gazmuri, quien el martes 1 de agosto y ante la Sala de la Cámara Baja afirmó que los fiscales del caso Pinochet “se han negado a realizar diligencias mínimas de investigación, insinuando que no hay antecedentes y solicitando el sobreseimiento de la causa”, según consignó el medio El Ciudadano.
Hasta la fecha de cierre de este reportaje, aún no se ha designado fiscal en la causa judicial que ahora involucra a los fiscales Julio Contardo y Óscar Salgado. Por su parte, la parlamentaria Gazmuri solicitó que “más allá de las gestiones que se están realizando por la vía de los oficios y de la Comisión Especial Investigadora, la idea es darle visibilidad al tema y poder contar con una pronta respuesta”.
