Tanto la fiscalía del Maule como la de Tarapacá se suman al caso de la fiscalía de Arica, que recibió millonarios recursos del Gobierno Regional.
Luego de haberse iniciado las investigaciones en las regiones mencionadas, en el Maule (arista en la que la PDI allanó el martes la gobernación liderada por la DC Cristina Bravo), el fiscal regional, Julio Contardo, derivó la causa a Antofagasta, previniendo eventuales conflictos de interés. La fiscalía nacional dijo que no había causal de inhabilitación, pero que cada fiscalía debía evaluar.
“Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de evaluar”, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción Eugenio Campos respondió a Ex-Ante que “dichos traspasos no afectan la capacidad de llevar a cabo una investigación objetiva y transparente en relación con los hechos que revisten carácter de delito. No suponen ninguna limitación para que los fiscales del Ministerio Público continúen realizando sus investigaciones con total imparcialidad y objetividad”.
Investigación en el Maule
El caso del Maule. El 8 de marzo el Gore del Maule informó de la aprobación de $1.020 millones para la iniciativa “Unidad de Análisis y Crimen Organizado en la Región del Maule”, a la que la fiscalía había postulado.
En esta región el Ministerio Público indaga un convenio por $264 millones con la fundación Urbanismo Social y estas son algunas de las aristas:
-El 30 de mayo la gobernación recibió una carta dirigida a la gobernadora. La enviaba Pilar Goycoolea, presidenta de la fundación Urbanismo Social.
-En el documento Goycoolea planteaba la inconveniencia de aceptar la propuesta de la gobernación de contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”.
-Urbanismo Social sí aceptó, en cambio, otras 2 propuestas, lo que dio cuenta de las diálogos entre el gobierno regional y la fundación para establecer a quiénes trabajarían en el proyecto. La gobernadora anunció luego que no perseverará con el programa.
