Por un lado, la parlamentaria por el Maule Sur Paula Labra (Independiente) exige una investigación en contra del seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Rodrigo Hernández (Revolución Democrática). En tanto, su par por el Maule Norte Benjamín Moreno (Republicano) solicitó su renuncia inmediata.
Lo anterior ocurre luego de que saliera a la luz el traspaso de recursos desde dicha secretaría ministerial, hacia la Fundación Urbanismo Social, en la que trabajó durante seis años y siete meses, según declara el mismo encargado de la cartera, a través de su cuenta de Linkedin.
Por otro lado, esta situación salpica desde Antofagasta, ya que la seremi de Vivienda de Antofagasta realizó ocho donaciones a Urbanismo Social, de un total de $577 millones.
Todo comienza en la región de Antofagasta, cuando un reportaje de un medio local llamado Timeline, remece a Revolución Democrática: “En dos meses: fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) de adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta” se titula.
Los involucrados en este caso son la diputada por la misma región, Catalina Pérez (RD); su pareja y compañero de partido, Daniel Andrade; y el (ex)seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática.
Según expuso Timeline, en mayo de este año, la asociación de funcionarios del Serviu envió un correo electrónico que contemplaba cuatro faltas graves, siendo la última la que trianguló a la diputada, su pareja y su compañero de militancia, el seremi de Vivienda.
En primer lugar, apuntaron que el Equipo Asentamientos Precarios estuvo apartado de las decisiones en cuanto a la situación de campamentos en Antofagasta; en segundo lugar, el correo señalaba que existía un número importante de profesionales contratados por la Seremi, cuyas funciones no se encontraban explícitas ni detalladas; asimismo, se acusó del arriendo de un inmueble por $54 millones, que fue pagado en un solo monto y sin ningún contrato entregado de por medio.
En Cuarto y último lugar, el correo reveló convenios entre la seremía y la Fundación Democracia Viva, que involucraron la transferencia total de $426 millones.
Según el reporte del medio antofagastino, Democracia Viva tiene domicilio en Ñuñoa, Región Metropolitana, y su representante legal es Daniel Andrade, quien además de ser la pareja de Pérez, trabaja como asesor de la Subsecretaría de Defensa.
La situación escaló a tal nivel que el ahora exseremi Contreras renunció; Pérez suspendió su cargo como segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados liderada por su par Vlado Mirosevic; la Fiscalía Regional abrió una investigación y Contraloría instruyó que la seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta remita la información de todas las transferencias realizadas a fundaciones.
Según un investigación de Radio Biobío, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta, hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Institución.
- Asociación Campamento de Ideas
- Fundación ProCultura (donde la pareja del Presidente Boric trabajó)
- Fundación Urbanismo Social
- Fundación Cultural TomArte
- Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra
Sin embargo, se suma un nuevo nombre a la lista y que remece la región del Maule:
Fundación Urbanismo Social es una organización sin fines de lucro que también opera en torno a los campamentos y, al igual que las anteriormente mencionadas, recibió dineros del Estado a través de Minvu Antofagasta y, adicionalmente, desde la misma cartera pero en el Maule, donde el seremi milita en el mismo partido que los involucrados en el caso del norte.
Según reportó T13 en acceso al Registro Central de Colaboradores del Estado, la Fundación recibió su primera donación en 2019, por parte de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Posteriormente, recibió una nueva donación el 30 de noviembre de 2021, bajo la administración Piñera II, en ese entonces fue el primer traspaso de fondos desde el Serviu de Antofagasta, cuya suma fue de $227 millones.
Entre octubre y diciembre de 2022, la fundación recibió ocho donaciones por un total de $577 millones que provenían de la cuestionada seremía de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
El actual seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule, Rodrigo Hernández Fernandez, ha sido acusado por dos parlamentarios del la región, por conflictos de interés. Puesto que el abogado trabajó en el área jurídica de Urbanismo Social y, esta entidad sin fines de lucro, ha recibido dineros por parte de dicha cartera.
En esa línea es que la diputada por el Maule Sur, Paula Labra, inició una investigación:
“Rodrigo Hernández Fernández es el actual Seremi Minvu de la Región del Maule desde abril del 2022, es decir, desde el inicio del mandato del presidente Gabriel Boric durante el año 2017 al 2021, fue el Director Ejecutivo en la Región del Maule de la Fundación Urbanismo Social.
Esta fundación durante el año 2022 recibió 557 millones de pesos desde Minvu de la región de Antofagasta.
Esta es una situación que al menos se debe investigar, porque a la luz de los datos aportados por los medios de comunicación hay al menos un conflicto de interés entre el cargo de Seremi Minvu de la Región del Maule y ser director ejecutivo durante tres años de esta fundación en la misma región, la cual ha recibido platas de la institución que lidera en la Región del Maule.
Por eso he solicitado al MINVU que entregue información respecto a todas las transferencias de recursos que ha hecho esta Seremía a distintas fundaciones y a la vez he solicitado al ministro que haga un sumario administrativo para identificar si hay posibles conflictos de interés”.
Siguiendo la misma línea, el diputado Benjamín Moreno (Republicano) indicó a través de su cuenta de Facebook que exigía la renuncia inmediata del seremi:
“Exigimos la renuncia del Seremi de Vivienda de la Región del Maule por entrega de recursos a la Fundación Urbanismo Social en la cual trabajó por varios años.
Es impresentable como dicha fundación se ha visto beneficiada con recursos de todos los chilenos. Es impresentable la doble moral de un Gobierno que daba cátedras sobre “escala de valores y principios”, es un escándalo que habiendo un défict habitacional tremendo en Chile, estén desviando recursos a fundaciones ligadas a su sector, afectando directamente un presupuesto destinado a mejorar la calidad de vida de las personas. Desconfiamos de las actuales autoridades de vivienda por lo que exigimos que den un paso al costado”, sostuvo.
Réplica desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule
A través de un comunicado de prensa, el encargado de la cartera descartó haber sido más que un trabajador de la Fundación: “el SEREMI de Vivienda y Urbanismo jamás fue parte de su directorio, ni socio”, asegura.
“El único vínculo existente fue ser trabajador en dicha organización, relación que terminó al ser designado como Seremi de la Región del Maule”, puntualiza.
Asimismo declara que efectivamente sí hubo un traspaso de fondos: “el año 2022 se publicó un proceso de licitación para la contratación de servicios de participación ciudadana en la que postuló la Fundación Urbanismo Social.
Al conocer dicha circunstancia, el Seremi no sólo cumplió con el deber de abstención previsto en el artículo 12 de la Ley 19.880, sino que, más allá de la obligación legal, la autoridad resolvió de manera voluntaria declararse expresamente inhábil”.
“En definitiva, resulta imperativo señalar enfática y tajantemente que los procesos de
contratación en el MINVU Maule se han realizado bajo un estricto control jurídico y más aún, ético. Es por ello que es inaceptable tratar de manera irrespetuosa y derechamente injuriosa con información falsa o tergiversada (…)”.
El documento consta de siete puntos en los que descarta los conflictos de interés de los que se le acusa a Hernández, no obstante la solicitud de sumario administrativo, impulsada por Labra, sigue en pie.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO.
