El pasado 9 de mayo, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo un proyecto que busca implementar lo dictado por el máximo tribunal.
El próximo lunes las comisión de Salud verán a detalle cómo implementar el fallo de la Corte Suprema, que, en veintiún días más cumplirá su plazo. Ante esto, Gabriel Boric, envió el proyecto de Ley Corta que contendría los pasos a seguir para cancelar la deuda.
Con esto, se obliga a las isapres a preparar un plan de devoluciones, para lo cual contarán con tan sólo seis meses a contar desde que se apruebe la ley en el Congreso. Así, las isapres deberán entregar datos como el número de contratos afectados con la variación de precio.
En la reunión convocada por la comisión de salud, se reunieron las autoridades correspondientes junto la ministra del ramo, Ximena Aguilera y al superintendente de salud, quienes explicaron los principales aspectos sobre el tema.
De parte del Superintendente de Salud, Víctor Torres, aseveró se analizaron 1.886.015 contratos, de los cuales 725.878 serían beneficiarios de alguna devolución tras la adecuación a la tabla única de factores y el no cobro a menores de dos años, por un monto total de $1.121.615.765.157, es decir, más de US$1.400 millones.
Reacciones de parte de Isapres
Ante el envío de proyecto de Ley Corta, la agrupación de Isapres emitieron un comunicado oficial, en el cual afirman que el proyecto sería “un engaño: no contiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal”.
“La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, comenta.
Dentro de lo que establece esta ley, están los siguiente parámetro: establecer un privilegio de primera clase para los créditos generados a favor de las personas afiliadas; establecer un procedimiento de autorización para el retiro de utilidades y establecer sanciones penales por conductas antieconómicas que puedan afectar el cumplimiento de la obligación del plan de devolución de deudas, entre otros puntos.
