El Servicio Nacional del Patrimonio aprobó los recursos en febrero, un mes después del escándalo por la compra fallida de la casa de Allende.
El Gobierno transfirió más de $750 millones a fundaciones vinculadas a Salvador Allende, en el marco de programas culturales aprobados para 2024. La Fundación Arte y Solidaridad, que administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), recibió $660 millones, mientras que la Fundación Salvador Allende obtuvo $98 millones adicionales el mismo mes.
Estas asignaciones se concretaron en febrero, apenas un mes después del escándalo por la fallida compraventa de la casa del expresidente ubicada en calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.
Según reveló Ex-Ante, la resolución fue firmada el 4 de febrero por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), organismo dependiente del Ministerio de las Culturas. El objetivo de los recursos incluye conservación, restauración y registro de obras, desarrollo de exposiciones y programas educativos, además de la gestión institucional del MSSA.
También se financiará un programa de pensamiento y debate, con seminarios y charlas, junto con la sistematización del archivo del museo y mejoras en su infraestructura digital y física.
El Congreso aprobó el presupuesto como parte del erario 2024, con el respaldo de 62 diputados, mientras que 38 votaron en contra y 4 se abstuvieron.
Un directorio compuesto por representantes del Gobierno y la Fundación Salvador Allende
Del total entregado a Arte y Solidaridad, el 75% ($495 millones) se destinará a gastos en personal, correspondiente a 28 funcionarios, mientras que $161 millones se invertirán en bienes y servicios, y $2,7 millones en activos no financieros. El convenio exige a la fundación cumplir con todas las actividades comprometidas, aunque permite cambios de hasta un 10% con aprobación previa del Serpat.
El directorio de la Fundación Arte y Solidaridad está compuesto por representantes del Gobierno y de la Fundación Salvador Allende, entre ellos el exministro Ricardo Solari, quien la preside. También figura Genaro Cuadros, arquitecto imputado en la investigación penal por la fallida adquisición del inmueble.
El acuerdo prohíbe el pago de honorarios a funcionarios públicos y establece un límite salarial de 138 UF brutas mensuales (aproximadamente $5,3 millones). Además, obliga a restituir los fondos no ejecutados o rendidos antes del cierre del año.
Desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, las transferencias a estas dos entidades suman más de $750 millones, en medio de una creciente controversia sobre la relación entre el Ejecutivo y fundaciones privadas.
