Las empresas de Enjoy renuncian a operar casinos en Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, dejando pérdidas millonarias a municipios sin compensación alguna.
Con información del medio asociado: Cambio21.
Enjoy confirmó su renuncia anticipada a los permisos de operación de los casinos en Viña del Mar, Pucón y Coquimbo, según consta en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024, presentados ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La modificación reglamentaria publicada el 3 de enero de 2025, a través del Decreto Supremo N° 803, permitió la decisión, al facilitar la salida de operadores de casinos con hasta tres años de anticipación, sin aplicar multas, aunque hubiesen obtenido sus licencias en procesos altamente competitivos.
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) recibió la información en febrero, pero hasta ahora no ha emitido declaraciones. “La SCJ sigue solicitando antecedentes”, señalan fuentes conocedoras del caso. Mientras tanto, la Subsecretaría de Hacienda mantiene silencio, pese a que su titular, Heidi Berner, preside el Consejo Resolutivo de la SCJ, encargado de otorgar, revocar y renovar los permisos de operación.
El retiro de Enjoy deja un impacto inmediato en los ingresos municipales. Viña del Mar, por ejemplo, perderá miles de millones comprometidos en las ofertas económicas, sin compensación alguna.
Investigación en curso
Esta situación ocurre en medio de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que denunció colusión entre Enjoy, Dreams y Marina del Sol para repartirse licencias entre 2021 y 2022. En octubre pasado, la FNE solicitó multas por US$152 millones, las más altas por este tipo de delitos en la historia chilena.
Las sanciones propuestas incluyen:
- US$112 millones para Dreams
- US$37 millones para Enjoy
- Exención para Marina del Sol por colaborar con la investigación
También se pidieron multas personales contra directivos de estas firmas. “La historia se repite: omisiones regulatorias y beneficios para grandes operadores perjudican a las comunidades”, denunció un experto en políticas públicas.
El caso plantea serias dudas sobre el rol del Estado, su capacidad fiscalizadora y la responsabilidad política ante una normativa que facilita la fuga de privados sin consecuencias económicas, mientras el costo lo pagan las comunas y el país.
