Se aprobó el proyecto de ley que busca agilizar la construcción y mejora de cárceles para enfrentar la crisis de hacinamiento.
La iniciativa ahora pasará desde la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado. El proyecto establece mecanismos que reducirán los trámites administrativos y permitirán acelerar los plazos de ejecución en obras de ampliación, reparación y edificación de nuevas cárceles.
Asimismo, otorgará al presidente de la república la facultad de definir, mediante decreto supremo, qué centros penitenciarios serán priorizados bajo esta normativa.
Además, encarga al Ministerio de Obras Públicas la agilización de los procedimientos de concesión y licitación, con la participación del Ministerio de Hacienda. En el ámbito ambiental, las ampliaciones y reparaciones quedarán exentas de evaluación. Al mismo tiempo, el lapso de revisión para nuevos recintos se reducirá a la mitad. Se considerará su aprobación automática si no hay respuesta dentro del plazo legal.
Para garantizar la supervisión de estas medidas, la norma estableció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá dar informes trimestrales al Congreso respecto al avance de los proyectos. Con esto, se busca asegurar la transparencia en la implementación de una ley que pretende fortalecer la infraestructura penitenciaria y mejorar las condiciones tanto de los internos como del personal encargado de su custodia.
