Diego Palomo, profesor Titular y Evelyn Vieyra Luna, profesora conferenciante de la Universidad de Talca. Miembros de la Comisión de estudio y revisión de proyecto de reforma al sistema de designación de jueces.
La reciente inauguración del año judicial 2025 representa un momento clave para el sistema de justicia en nuestro país, un hito tradicional que trasciende la mera formalidad y se erige como una oportunidad para reflexionar y actuar. Este acto, cargado de simbolismo, llega tras un 2024 marcado por escándalos que han afectado la confianza en las instituciones judiciales. Es imperativo que esta apertura no sea solo un evento protocolar, sino el punto de partida para una renovación profunda, capaz de sanar las heridas abiertas y devolverle a la Justicia su prestigio perdido.
El año precedente dejó un saldo demasiado preocupante: casos de corrupción, decisiones controvertidas y una percepción creciente de que el Poder Judicial se ha desviado de su misión esencial. La Justicia, que debería ser un pilar de equidad y certeza, se vio envuelta en cuestionamientos que dañaron su imagen y alimentaron la desconfianza ciudadana. Esta crisis no es solo un problema de percepción; es un reflejo de fallas estructurales que han permitido que intereses ajenos a la ley permeen una institución que, por definición, debe ser independiente y objetiva.
Uno de los aspectos más alarmantes ha sido la politización de la justicia, un mal que merma su legitimidad y la convierte en un terreno impropio. Incluso las expulsiones de jueces, parece haber sido también oportunidad para los cálculos y el cuoteo político. Este panorama exige una respuesta contundente: no basta con discursos de buena voluntad o medidas cosméticas; se necesita una reforma seria que aborde las raíces de estos problemas y restaure la fe en el sistema.
El núcleo de esta transformación debe ser una reforma inteligente al proceso de nombramiento de jueces. El mecanismo actual, ha contribuido a la designación de magistrados cuya idoneidad ha sido cuestionada. Una selección basada en méritos, transparencia y rigor técnico, desligada de cualquier interferencia externa, es esencial para garantizar que quienes impartan justicia sean verdaderamente independientes y estén comprometidos con los principios del derecho, no con lealtades mal entendidas o favores personales.
Esta reforma no solo sanaría la imagen del Poder Judicial, sino que también tendría un impacto directo en la confianza ciudadana. Cuando las personas perciben que los jueces son elegidos por su capacidad y no por su alineación política, se fortalece la idea de que la Justicia está al servicio de todos y no de unos pocos. Además, un sistema de nombramientos sólido desincentivaría las conductas indebidas, al reducir las posibilidades de que individuos con intereses ocultos lleguen a posiciones de poder dentro de la judicatura.
La inauguración del año judicial 2025, por tanto, no debe quedarse en un acto de celebración vacía. Es el momento de asumir un compromiso colectivo: dejar atrás los escándalos, la desconfianza y la politización, y avanzar hacia un Poder Judicial renovado. Con una reforma bien diseñada y ejecutada, este año puede marcar el inicio de una nueva era para la Justicia, una en la que su autoridad no se base en el poder, sino en la legitimidad que otorga el servicio honesto y desinteresado a la sociedad. El desafío está planteado; ahora corresponde a las instituciones y a la ciudadanía exigir y respaldar este cambio.
