La Corporación Bioecoterra presentó un recurso de protección para frenar el evento, acusando a la Municipalidad de Talca de actuar de manera ilegal y poner en riesgo el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
La Fiesta de la Independencia de Talca, con una masiva asistencia esperada de 300 mil personas, genera preocupación ambiental. La Corporación Bioecoterra presentó un recurso de protección para frenar el evento, acusando a la Municipalidad de Talca de actuar de manera ilegal y poner en riesgo el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
La Fiesta de la Independencia de Talca es uno de los eventos más multitudinarios de la Región del Maule. En su última edición, congregó a 150 mil personas y, para este 2025, se proyecta aumentar esa cifra. Sin embargo, su realización en el Parque Río Claro, a metros del recientemente declarado Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, ha encendido las alertas de organizaciones ambientalistas.
La ONG El Bajo en Comunidad ya había advertido sobre el impacto ambiental de este evento. Su representante, el ingeniero Gonzalo Rojas, señaló en 2024 al medio Cambio21 que, aunque no se oponen a la celebración, se deben aplicar medidas para mitigar el daño al ecosistema. Esto, debido a que la celebración del año pasado provocó la migración de fauna nativa, sobre todo de aves silvestres. Ahora, con el humedal reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente bajo la Ley 21.202, la falta de acciones de protección genera controversia.
Recurso de protección
Ante esto, la Corporación de Desarrollo Sustentable Bioecoterra presentó un Recurso de Protección ante la justicia. Argumentan que la municipalidad actúa de manera ilegal y arbitraria al autorizar la fiesta sin una evaluación de impacto ambiental. Además, denuncian que se vulneran derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.
El recurso expone que el evento generará ruido excesivo, residuos y daño a la fauna, afectando gravemente el humedal. También se cuestiona la falta de una ordenanza municipal que regule su protección y la ausencia de consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Bioecoterra solicita que la Corte de Apelaciones declare ilegal la decisión municipal y suspenda el evento. También exige una Orden de No Innovar (ONI) para impedir su realización hasta que se resuelva el recurso.
