Diego Palomo. Abogado y académico de la Universidad de Talca.
La Corte Suprema ha configurado la quina de candidatos para ocupar el puesto vacante en el máximo tribunal, reservado para un miembro proveniente de fuera del Poder Judicial. Este cupo surge, vale recordar, tras la destitución de la exministra Ángela Vivanco. De la lista final, que incluye a cinco aspirantes, solo una mujer figura como candidata, a pesar de que más de quince abogados y abogadas presentaron sus antecedentes e interés por el cargo.
Ahora corresponde al Presidente de la República seleccionar a uno de estos cinco postulantes, cuya nominación deberá ser ratificada posteriormente por el Senado.
Este proceso, sobra apuntarlo, es crucial para garantizar que el nombramiento del nuevo integrante esté a la altura de las exigencias del máximo tribunal, lo que demanda la mayor transparencia y estricto apego a criterios de mérito. Es imperativo que se elija al mejor candidato, dejando de lado prácticas de cuoteo político u otras consideraciones fuera de lugar.
En un contexto marcado por el mediático caso Hermosilla, que sacudió la confianza pública en las instituciones, resulta fundamental aprender de las lecciones de este complejo episodio y garantizar un proceso libre de toda mácula que fortalezca ante la ciudadanía la legitimidad del Poder Judicial.
