El fiscal Héctor Barros afirmó que el crimen de Ronald Ojeda tiene un trasfondo político relacionado con el gobierno venezolano. Destacó su perfil como opositor al régimen de Maduro.
El lunes, el fiscal regional Héctor Barros, quien también coordina el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana Sur, se refirió, en conversación con ADN, al asesinato de Ronald Ojeda y aseguró que este crimen tiene un móvil político vinculado al gobierno venezolano.
El 21 de febrero de 2024, cinco personas que se hicieron pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron al exteniente del ejército venezolano utilizando una orden de detención falsa. Su paradero permaneció desconocido hasta que el 1 de marzo encontraron su cuerpo en una maleta enterrada en la toma Santa Marta, en Maipú.
Dos de los cinco sospechosos están en prisión preventiva, entre ellos Maickel Villegas, un ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica, formalizado por el delito de secuestro con homicidio.
Un delito político
El fiscal Barros señaló que, a diferencia de otros casos de secuestro relacionados con grupos criminales como el Tren de Aragua, este asesinato no tuvo fines de extorsión ni de rescate económico. En cambio, se trató de un sicariato político realizado con la colaboración del Tren de Aragua. Barros enfatizó que Ronald Ojeda no solo fue un activista político opositor al gobierno venezolano, sino que también estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado.
En cuanto a la relación con el gobierno de Venezuela, el fiscal indicó que las pruebas de la investigación apuntan a que el gobierno de Venezuela estaría detrás de este crimen. Recordó además que Ojeda había viajado a su país natal en diciembre de 2023, justo antes de su muerte, con el propósito de organizar otro golpe de Estado contra el régimen de Nicolás Maduro.
En ese contexto, aseguró que “en diciembre, justo antes de su asesinato, viajó a Venezuela para participar en un intento de organizar un nuevo golpe de Estado. La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos lleva a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”, cerró.
