Nicolás Salhus Mardones. Abogado laborista. Magíster en Arbitraje. Diplomado en Derecho de la Empresa. (www.estudioslegales.cl)
En Chile, el Tipificador de Infracciones de la Dirección del Trabajo y el Manual de Fiscalización constituyen dos herramientas esenciales que establecen el marco de trabajo de la Dirección del Trabajo en el área de Fiscalización Laboral. Si bien ambos documentos buscan asegurar parámetros y procedimientos laborales cuyo propósito es el cumplimiento de la normativa, también plantean serios desafíos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que frecuentemente deben enfrentar multas administrativas significativas que pueden amenazar su continuidad operativa. Este análisis crítico aborda el impacto de dichas sanciones, destacando la necesidad de una modificación del tipificador infraccional, con el fin de equilibrar la protección de los derechos laborales con la sostenibilidad de las PYMES.
El Tipificador de Infracciones establece sanciones específicas para una amplia gama de incumplimientos laborales. Las multas se calculan en función de la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa, lo que, en teoría, busca ser proporcional y equitativo. Sin embargo, en la práctica, estas sanciones pueden representar un costo desproporcionado para las PYMES, que generalmente operan con menores recursos y márgenes de utilidad ajustados.
Un ejemplo de ello es la aplicación de multas por incumplimientos formales, como errores en la documentación laboral o en el registro de asistencia, que si bien no afectan directamente las condiciones de los trabajadores, pueden derivar en sanciones de alto costo. Esto genera una carga financiera considerable que, en algunos casos, puede llevar al cierre de negocios pequeños, afectando el empleo y la economía local.
El problema se agrava cuando se considera que muchas PYMES no cuentan con asesoría jurídica o de recursos humanos especializados, lo que las hace más vulnerables a cometer errores involuntarios. Las multas administrativas, que en algunos casos pueden superar los millones de pesos, representan un golpe severo para empresas que operan con escaso capital de trabajo y que deben enfrentar una serie de costos operativos fijos. Este panorama desalienta el emprendimiento y genera un entorno hostil para las pequeñas y medianas empresas, que son un motor fundamental de la economía y el empleo en Chile.
En cuanto al “Manual de Fiscalización” este establece los procedimientos que deben seguir los inspectores del trabajo durante las fiscalizaciones. Este documento busca garantizar un procedimiento transparente y estándar en la aplicación de las normativas laborales. No obstante, uno de los principales desafíos es la subjetividad que puede surgir en la interpretación de las infracciones por parte de los inspectores, lo que aumenta la incertidumbre para las PYMES respecto al resultado de las fiscalizaciones.
Además, el manual no contempla procedimientos diferenciados para las PYMES, en cuanto a tener un enfoque más flexible, orientado a la educación y el acompañamiento, en lugar de la simple aplicación de sanciones. La falta de este enfoque genera un ambiente de temor y desconfianza hacia las fiscalizaciones, en lugar de fomentar un cumplimiento proactivo y colaborativo de la normativa.
El impacto de las multas administrativas en las PYMES no se limita al costo económico directo. Existen daños colaterales significativos que también deben considerarse:
- Desincentivo a la formalización: Muchas pequeñas empresas optan por operar en la informalidad debido al temor de no poder cumplir con las estrictas regulaciones y enfrentar sanciones excesivas.
- Pérdida de empleo: Las PYMES son una fuente importante de empleo en Chile. Cuando estas empresas deben enfrentar multas elevadas, a menudo se ven obligadas a reducir su personal o, en el peor de los casos, cerrar sus operaciones, generando desempleo y afectando a las comunidades locales.
- Afectación a la innovación y el crecimiento: Las empresas pequeñas suelen destinar gran parte de sus recursos al crecimiento y la innovación. Las sanciones desproporcionadas desincentivan estas inversiones, afectando su capacidad de competir y desarrollarse.
- Clima de incertidumbre y desmotivación: La percepción de un entorno regulatorio punitivo genera un clima de incertidumbre y desmotivación entre los emprendedores. Esto afecta la moral de quienes buscan aportar al desarrollo económico del país mediante la creación de empresas.
La realidad económica y operativa de las PYMES en Chile demanda una revisión urgente del tipificador infraccional, con el objetivo de:
- Reducir el costo de las sanciones: Establecer un esquema de multas más proporcional a la capacidad económica de las PYMES, considerando que estas empresas no cuentan con los mismos recursos que las grandes corporaciones, incorporando recursos administrativos tales como el antiguo RAS, que permitía corregir y reducir el daño económico a la empresa de forma sensata.
- Incorporar un enfoque preventivo y educativo: Las primeras infracciones menores podrían ser abordadas con advertencias y capacitación obligatoria, en lugar de multas inmediatas, fomentando el cumplimiento voluntario.
- Diferenciar entre infracciones formales y sustantivas: Las sanciones deberían ser más severas para incumplimientos que afecten directamente los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que las faltas de carácter formal podrían tratarse con procedimientos correctivos.
- Promover la digitalización y simplificación de los procesos: Muchos de los incumplimientos formales se deben a la complejidad de los procedimientos administrativos. Facilitar herramientas digitales y simplificar los requisitos podría reducir significativamente las infracciones involuntarias.
El objetivo de la normativa laboral y su fiscalización debe ser proteger los derechos de los trabajadores sin asfixiar a las empresas que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico. En este contexto, es fundamental que la Dirección del Trabajo adopte un enfoque más equilibrado y adaptable a la realidad de las PYMES. La modificación del tipificador infraccional, incorporando medidas proporcionales, preventivas y educativas, permitirá no solo un mayor cumplimiento de la normativa, sino también el fortalecimiento de un entorno laboral más justo y sostenible.
Como indicó el economista Joseph Stiglitz, “la regulación eficiente no es aquella que impone costos excesivos, sino la que fomenta el cumplimiento y el desarrollo”. Es responsabilidad de todos los actores, públicos y privados, construir un sistema que respalde a las PYMES y promueva un equilibrio justo entre el desarrollo empresarial y la protección laboral.
