Con 102 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antiterrorista, que moderniza la legislación, endurece sanciones y refuerza herramientas de investigación.
La Cámara de Diputados y Diputadas dio un paso crucial en la agenda de seguridad al aprobar la Ley Antiterrorista, sumando 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo en agosto de 2023, responde a los crecientes ataques a infraestructura crítica, como las torres de alta tensión.
La ley destaca por su enfoque en resolver la inaplicabilidad de la normativa vigente, que exigía probar el “ánimo terrorista”, dificultando las condenas. Ahora, permite sancionar a integrantes de Asociaciones Terroristas (AT) con penas entre 5 años y un día y 15 años, solo por su pertenencia a estas organizaciones.
Además, la normativa incluye sanciones para casos de terrorismo individual, cubriendo delitos como robo con intimidación, extorsión, fabricación de explosivos y lavado de activos. También se regula el financiamiento del terrorismo, castigando a quienes aporten recursos a organizaciones o delitos terroristas, incluso sin ser parte directa de estas.
La ley incorpora herramientas avanzadas de investigación, como la interceptación de comunicaciones, registros informáticos y el uso de agentes encubiertos e informantes, fortaleciendo la capacidad del Estado para prevenir y perseguir actos terroristas.
Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, valoró la aprobación, destacando que el 98% de las disposiciones ya había sido consensuado. Sin embargo, mencionó que algunos sectores políticos podrían recurrir al Tribunal Constitucional por diferencias puntuales, como la inclusión de tecnología intrusiva.
