En Longaví, aun bajo el mandato de Cristián Menchaca, la congresista resalta el aparente vicio de un concurso para cargos públicos; mientras, en Parral, bajo la supervisión de Paula Retamal, acusa movimientos deshonestos por el actual secretario ejecutivo de la Corporación, Fabián Abasolo.
A menos de un mes para los cambios de mando municipales a nivel nacional, que en el Maule Sur tendrán transiciones tanto en Longaví como Parral, la diputada por el distrito N°18, Consuelo Veloso, ofició a Contraloría por la alerta de eventuales irregularidades cometidas al interior de ambas casas edilicias.
Por un lado, la parlamentaria denuncia que la administración del saliente alcalde de Longaví, Cristián Menchaca (UDI), habría incurrido en vicios en el proceso de un concurso público para cinco cargos municipales. En tanto, la congresista también recoge la situación que hace meses se extiende en Corporación Comunal del municipio de Parral, liderado por Paula Retamal (UDI), en donde su actual secretario ejecutivo, Fabián Abasolo, continuó en el puesto a pesar de anunciar su renuncia en agosto de 2024 para enfocarse en su candidatura alcaldicia; deshonestidad que podría incurrir en ilegalidades ante ahora su eventual desvinculación.
“Nos han criticado por hacer nuestro trabajo y fiscalizar a todos los municipios del Maule Sur. Pues que critiquen, nosotros no haremos la vista gorda ante posibles delitos de corrupción o irregularidades como por tantos años hicieron otros parlamentarios. Haremos nuestro trabajo hasta el último día y es muy sospechoso que nos encontremos con estas situaciones tan solo a semanas del cambio de gobiernos municipales”, señaló al respecto la diputada Veloso.
En concreto, en el caso de Longaví los hechos se remiten a un concurso público realizado durante noviembre, en donde se acusan al menos tres faltas administrativas. Primero, que si bien la conformación del comité de selección y el llamado a concurso se realizaron a través de decretos con fecha al 8 de noviembre, su registro documental se efectuó en realidad el 11 de noviembre, cometiendo una aparente reserva de los números de decreto (1168 y 2578, respectivamente); lo cual es una infracción al ordenamiento jurídico.
Más aun, se denuncia la rapidez con que se realizó el proceso, dado que tanto el decreto que conforma el comité –ente encargado de elaborar las bases– como aquel que aprueba dichas bases, tienen la misma fecha. Por último, para que el concurso entre en regla, los datos de las bases se deben publicar en un diario regional; sin embargo, en este caso existió una incongruencia entre lo publicado a la prensa y el contenido original de las bases.
“Más bien el objetivo parece ser dejar asegurados a operadores políticos y perjudicar a las futuras administraciones, sin considerar el bienestar de las personas”, remarcó la diputada Veloso, quien pide a Contraloría la posibilidad de ordenar la suspensión inmediata del llamado a concurso público, con motivo de controlar su legalidad y que se mantenga sujeto a dejar sin efecto.
Por otro lado, en el caso de Parral, la diputada solicita al ente contralor que inicie una auditoría en la Corporación Comunal de Desarrollo Comunal y Productivo de la ciudad, a efectos de comprobar el buen uso de recursos y chequear el actual vínculo que mantiene el secretario ejecutivo, Fabián Abasolo, con el organismo. Esto, luego de que Abasolo anunciara su renuncia en agosto para dedicarse a su campaña electoral, solo para después comunicar que en realidad seguiría en el cargo durante todos estos meses sin goce de sueldo.
Esta situación genera suspicacias en la ciudadanía, principalmente porque Abasolo, aunque no recibió remuneraciones durante su campaña, se mantiene con contrato de trabajo con la Corporación. Circunstancias que probablemente lo mantienen sujeto a elevados montos de dinero como indemnización por renuncia o despido, lo que es muy probable que ocurra ante el inminente cambio de administración municipal. Un hecho que siembra dudas respecto al modo en el que se ha desarrollado este brazo del municipio durante 2024.
“De ser efectivos los antecedentes expuestos, tanto en el caso de la Municipalidad de Longaví como de Parral, nos encontraríamos frente a actuaciones que evidentemente afectan el principio de probidad y atentan contra los recursos del Maule, pues se estaría desatendiendo el principal fin que es satisfacer las necesidades de la población. Volvemos a repetir que con los recursos del Maule NO se juega”, concluyó la parlamentaria.
