La Cámara de Diputados aprobó que el presidente Boric, sus ministros y subsecretarios se sometan a un test de drogas obligatorio y semestral. La medida generó controversia, y el gobierno anunció acciones ante el Tribunal Constitucional.
La Cámara de Diputados votó con 81 votos a favor, 4 abstenciones y 35 en contra, una indicación presentada por la UDI en el marco de la Ley de Presupuesto 2025, que obliga al Presidente Gabriel Boric, a sus ministros y subsecretarios a realizarse un test de drogas obligatorio y semestral durante el próximo año. La medida ha sido ampliamente discutida en el Congreso y genera divisiones en el oficialismo.
La propuesta establece que el presidente de la República y sus principales autoridades deberán someterse a controles de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dos veces al año, similar a lo que ya se exige a los parlamentarios. Aunque en un inicio la mesa directiva de la Cámara Baja la declaró inadmisible, la Sala revirtió esta decisión con 75 votos a favor, lo que permitió extender el examen a las autoridades de gobierno.
El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, defendió la iniciativa, señalando que este tipo de exámenes es esencial para fortalecer la transparencia en el poder ejecutivo. “Es fundamental que el presidente y sus ministros se sometan al mismo control que ya realizamos los parlamentarios. No hay razones para excluir a las máximas autoridades de este proceso”, afirmó Coloma. Además, destacó que el test es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el aparato estatal.
La votación mostró un apoyo transversal de parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos y de algunos sectores oficialistas, entre ellos Jaime Araya (PPD), Alejandro Bernales (PL), Vlado Mirosevic (PL) y Camila Musante (PPD). Sin embargo, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra, siguiendo la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien anunció que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar la medida.
En respuesta a la reserva de constitucionalidad, Coloma cuestionó la postura del gobierno y aseguró que “son señales contradictorias que confunden a la ciudadanía en un contexto de aumento de delincuencia y narcotráfico”.
