Viernes, Noviembre 1, 2024
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Por caso de violación contra una menor: Reprograman para abril audiencia de formalización del diputado Francisco Pulgar 

El Juzgado de Garantía de Talca ha decidido reprogramar para el 3 de abril de 2025 la audiencia de formalización que estaba prevista para el próximo lunes 4 de noviembre en el caso de violación que involucra al diputado independiente Francisco Pulgar.

Esta decisión fue tomada a solicitud de la fiscalía, que argumentó la necesidad de esperar un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto al desafuero constitucional del parlamentario.

El caso se centra en acusaciones de violación reiterada contra una menor, un delito que se encuentra bajo investigación desde el año 2021. La fiscalía de Talca había solicitado medidas cautelares contra Francisco Pulgar, lo que indica la gravedad de las acusaciones.

La Corte de Apelaciones de Talca había dictado un fallo unánime para el desafuero de Pulgar, permitiendo así que el proceso penal avanzara.

Sin embargo, la Defensoría Penal Pública del Maule presentó un recurso de apelación. Se Argumentó que la resolución no abordó varios aspectos críticos planteados por la defensa. Jaime Venegas, jefe de estudios de la Defensoría, destacó que la apelación se interpuso dentro del plazo legal, el cual venció el pasado lunes.

Desde el lado de la parte querellante, la abogada Silvana del Valle se mostró optimista sobre el futuro del caso. Afirmó que se alegará ante la Corte Suprema para que se confirme el desafuero, lo que permitiría avanzar con la audiencia de formalización. Del Valle hizo hincapié en que, aunque la audiencia fue aplazada por cuestiones de agenda, están convencidos de que la Corte confirmará el desafuero.

En cuanto a la situación actual del diputado Francisco Pulgar, se encuentra en ejercicio de su cargo y no enfrenta medidas cautelares en este momento. Sin embargo, si la Corte Suprema acepta el desafuero, la Cámara de Diputados deberá ser notificada de inmediato, lo que implicaría la suspensión de Pulgar mientras se lleva a cabo el proceso penal.

Esta situación genera un intenso debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y el manejo de casos de abuso en la sociedad.

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