Las recientes elecciones de autoridades regionales y municipales celebradas los días 26 y 27 de octubre, nos dejan numerosas lecciones por aprender. A continuación, relato mi experiencia personal.
En mi calidad de ciudadano fui designado vocal de mesa en fecha 12 de octubre, es decir, en la segunda convocatoria realizada por el SERVEL. Si bien podía haber justificado mi inasistencia posteriormente ante el Juzgado de Policía Local competente, dado que el día sábado 26 de octubre debía realizar clases en un programa de Magíster en Derecho durante toda la mañana -actividad programada con antelación y contando con toda la documentación que la respaldaba-, con la finalidad de ser coherente con mi espíritu público, con mi rol de profesor de Derecho Público y cumpliendo con mi deber cívico, hice los ajustes necesarios con la Universidad respectiva y opté por concurrí a desempeñar la función. Por lo demás, luego de reflexionar la situación, me pareció injusto dejar con un miembro menos la mesa que debía integrar, recargando el trabajo de otras personas. No obstante, todo el proceso electoral se inició, se desarrolló y terminó mal.
El viernes 25 de octubre los vocales de mesa estábamos citados a las 15:00 horas en el respectivo local de votación con el objeto de constituir las mesas receptoras de sufragios y recibir una “capacitación” por parte del SERVEL respecto del rol que debíamos desempeñar. Aunque suene irónico, cabe señalar que de capacitación, no hubo nada; un tríptico o panfleto tiene más contenido que lo que se nos informó en aquel día. La situación relatada no es de menor importancia, si se considera que existían muchísimas personas que por primera vez desempeñaban la función de vocales de mesa, con absoluto desconocimiento de la labor.
Iniciado el proceso electoral el sábado 26 de octubre, los problemas se comenzaron a evidenciar. El personal del SERVEL se mostraba con escasa información, muy poco resolutivos y, siempre, llegaban tarde con las respuestas en cuanto a cómo proceder frente a determinadas situaciones que atender. Naturalmente, eso generó discusiones entre vocales de mesa -incluido quien escribe desempeñando el rol de presidente- con el personal de SERVEL.
Adicionalmente, en algunos casos -no en todos claramente-, el personal del SERVEL era poco empático o amable con los vocales de mesa, olvidando que si bien estos cumplen con una carga pública, no son “esclavos” del Servicio. Por el contrario, los electores -en su gran mayoría- demostraban un buen trato y agradecimiento por la tarea realizada.
Por otro lado, durante todo el proceso electoral, la burocracia estatal se hizo presente. Una enormidad de formularios que completar -absurdamente en dos, tres o cuatro copias idénticas-, muchos documentos que firmar y trámites que realizar.
A lo anterior, se suman las manifiestas condiciones de precariedad para que los vocales de mesa pudieran desempeñar adecuadamente su función. Recuento de votos de rodillas o sentados en el suelo; en algunos casos, con espacios sumamente reducidos; todo, con una improvisación vergonzosa.
Ahora bien, si el SERVEL conocía previamente de la complejidad del proceso de escrutinio y la “clase política” no podía menos que saberlo -lo que se demuestra con la intempestiva aprobación de una ley que extendía la votación a dos días-, se debió, en dicho cuerpo legal, otorgar un feriado o permiso especial para que los vocales de mesa pudieran justificar su inasistencia a trabajar el lunes 28 de octubre. Si bien en mi mesa terminamos “temprano” -01:30 am-, hubo mesas receptoras de sufragio que escrutaron votos hasta las 3:00 e, incluso, 4:00 am del día 28 de octubre; para luego de 18 horas de trabajo continuo, dirigirse a sus casas para “descansar” y salir a trabajar nuevamente. Francamente, inhumano.
Finalmente, me parece que ya es prudente que la “clase política” en su totalidad -partidos políticos de todos los signos-, dejen de hacer un negocio con los procesos electorales. Votos interminables de candidatos que, como es sabido, solo busca obtener mayores recursos fiscales -dinero de todos los chilenos-, para financiar su funcionamiento y actividades políticas. Eso debe limitarse para que los procesos electorales no sean irracionalmente extensos y se termine con el despilfarro de recursos públicos. No debemos olvidar que el financiamiento estatal de los partidos políticos fue la “solución” que la misma “clase política” aprobó, frente al denominado caso de financiamiento ilegal de la política que afectó a esa misma “clase política”.
Como corolario de lo relatado, lamentablemente constato que una experiencia que debiese ser gratificante y generadora de compromiso cívico en las personas, termina siendo frustrante y desagradable, produciendo un consecuencial rechazo a todo cuanto tiene relación con “procesos democráticos”.
Alejandro Cárcamo Righetti
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Doctor © en Derecho.
