La Corte de Apelaciones de Talca pospuso los alegatos por la revisión de las medidas cautelares del alcalde de Linares, Mario Meza, acusado de fraude al Fisco.
La Corte de Apelaciones de Talca ha decidido aplazar hasta el viernes 4 de octubre la audiencia que revisará las medidas cautelares impuestas al alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, en el marco del proceso judicial por fraude al Fisco. Este aplazamiento incluye también la revisión de las medidas impuestas al ex administrador municipal, John Sancho Bichet, ambos imputados por su presunta participación en irregularidades durante la adquisición de insumos sanitarios en el 2020, en plena pandemia.
El Ministerio Público de Linares, la defensa de los imputados y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se reunirán en los próximos días para discutir la revisión de las medidas, donde se espera que la fiscalía insista en la solicitud de prisión preventiva para ambos acusados. Esta petición, basada en el supuesto peligro para la seguridad de la sociedad, ya había sido presentada previamente, aunque fue rechazada en la instancia inicial.
¿Qué pasó?
Los hechos que motivaron la investigación surgieron a raíz de un informe de Contraloría y de peritajes de la PDI, que señalan que las adquisiciones realizadas por el municipio, bajo la gestión de Meza y Sancho, habrían presentado sobreprecios por un monto cercano a los 195 millones de pesos. Este supuesto fraude incluye partidas de cloro, mascarillas y cajas de alimentos destinadas a los departamentos de salud y educación.
La apelación presentada por la Fiscalía de Linares busca revertir la decisión del Juzgado de Garantía de Talca, que rechazó imponer la prisión preventiva al alcalde, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno. El tribunal justificó el aplazamiento de la audiencia debido a que los recursos aún no estaban completamente presentados, lo que provocó que los alegatos se retrasaran.
El caso ha generado gran expectación en la comunidad de Linares, ya que involucra a figuras clave de la administración municipal. Además, la fiscalía y el CDE buscan que la Corte de Apelaciones imponga medidas más severas que las dictadas en la instancia anterior, lo que podría afectar significativamente el curso de las investigaciones.
