La reforma judicial, propuesta por AMLO y apoyada por Sheinbaum, provoca huelgas y tensiones con EE.UU., a la espera de su implementación estatal.
El Senado de México aprobó una reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca que 6.500 jueces y ministros, incluidos los de la Corte Suprema, sean elegidos por voto popular, lo que, según el gobierno, garantizará un sistema judicial más accesible y menos influenciado por el crimen organizado.
La reforma también reduce el número de jueces en la Corte Suprema de 11 a 9, y acorta sus mandatos a 12 años. Suprime el requisito de edad mínima de 35 años y reduce a la mitad la experiencia laboral necesaria, estableciéndola en 5 años. A su vez, los jueces podrán trabajar de forma anónima los casos que estén relacionados con el crimen organizado.
Se espera que la reforma entre en vigor una vez publicada en el diario oficial, aunque la Corte Suprema podría intentar bloquearla, generando especulación sobre su legalidad. Las elecciones para reemplazar a la mayoría de los jueces se celebrarán en junio de 2025.
Tanto Estados Unidos como Canadá han expresado preocupación por los efectos de la reforma en la democracia mexicana y su impacto en la estabilidad económica. Ambos países, principales socios comerciales de México, temen que esta medida politice el poder judicial y afecte las inversiones.
