Se presentó una denuncia ante la Fiscalía tras la confirmación de anomalías en convenios suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipios a lo largo de Chile.
La denuncia surge a raíz de un informe de la Contraloría General de la República que constató diversas irregularidades en estos acuerdos, las cuales también serán remitidas al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para su evaluación.
La medida se debió luego de una serie de irregularidades detectadas por Contraloría tras analizar los convenios que firmó la Fundación Daya con 13 municipios del país para implementar el “Programa de Uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”.
Todo comenzó cuando Contraloría audita los contratos que se establecieron entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2023 en las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla, donde se destinaron $423.426.000 millones, de los cuales fueron transferidos desde los gobiernos locales $359.025.625 de acuerdo al informe de Contraloría.
El parlamentario Juan Irarrázaval, quien impuso la denuncia expresó su preocupación ante lo que considera potenciales delitos y defraudaciones al Estado, y exigió tanto al gobierno como a las municipalidades involucradas que tomen medidas para proteger el patrimonio de todos los chilenos. Irarrázaval también instó a la diputada Ana María Gazmuri, quien está vinculada a la Fundación Daya, a ponerse a disposición de la justicia para aclarar su posible responsabilidad en estos hechos.
Entre las interrogantes planteadas por el diputado, destaca la sospechosa uniformidad en las fallas detectadas en los convenios a lo largo de distintos municipios, administrados por diversas autoridades, lo cual, según él, no puede ser coincidencia. Asimismo, cuestionó cómo fue posible que estos municipios asignaran fondos a un fármaco que no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), y que ninguno de ellos haya solicitado el reembolso de sus recursos o emprendido acciones legales al respecto.
Irarrázaval sugirió que la única constante en estos acuerdos era la Fundación Daya como contraparte, lo cual considera un fuerte indicio de posibles actos de corrupción que deben ser investigados a fondo.
El escrito presentado ante la Fiscalía también solicita que se investiguen eventuales conflictos de interés por parte de la diputada Gazmuri en su rol parlamentario. Según el legislador republicano, la diputada, quien también ha sido lobista, habría influido activamente en la tramitación de la ley contra el crimen organizado, conocida como “ley antinarco”, a pesar de sus posibles vínculos con DayaCann, una filial chilena de una transnacional de cannabis.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio hacia las relaciones entre organizaciones sin fines de lucro y el manejo de fondos públicos en Chile, lo que ha derivado en una serie de investigaciones por parte de las autoridades. A lo largo de la historia reciente, Chile ha enfrentado múltiples casos de corrupción que han generado desconfianza en la gestión pública y han impulsado una mayor demanda por transparencia y rendición de cuentas.
