Cámara de Diputados aprueba Ley que pone fin a las llamadas “spam” y establece multas millonarias para las empresas.
En una votación que marcó un hito en la protección de los derechos de los consumidores en Chile, la Cámara de Diputados aprobó por 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, el proyecto de ley que busca poner fin a las llamadas telefónicas indeseadas, conocidas como “spam”.
La iniciativa, que llevaba siete años de tramitación, establece sanciones económicas significativas para las empresas que incumplan la nueva normativa, con multas que pueden oscilar entre $330 millones y $1.320 millones.
El proyecto de ley es resultado de la fusión de iniciativas presentadas durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet y propuestas de senadores como Alfonso de Urresti y Pedro Araya, junto a los exsenadores Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín. Tras largos debates y la resolución de 22 puntos conflictivos en la comisión mixta, la Cámara de Diputados dio luz verde a la norma que ahora pasa al Senado para su ratificación.
La normativa permite a los ciudadanos ejercer su “derecho de oposición”, que les permite rechazar el uso de su número telefónico para fines de mercadotecnia o marketing directo. Esta disposición es parte de un conjunto más amplio de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que los ciudadanos podrán invocar para proteger su información personal.
El debate en la Cámara no estuvo exento de tensiones. Algunos parlamentarios de oposición, como Andrés Longton (RN) y Diego Schalper (RN), manifestaron su preocupación por las sanciones, calificándolas de “desproporcionadas” y advirtiendo sobre el impacto que podrían tener en pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, desde el oficialismo, diputados como Leonardo Soto (PS) defendieron la necesidad de establecer multas severas para disuadir las prácticas abusivas de grandes empresas.
Macarena Lobos, subsecretaria de la Segpres, aclaró que las sanciones están diseñadas para ser disuasivas y que las pequeñas empresas están eximidas de los montos más altos de las multas, que están reservadas para infracciones graves y con dolo por parte de grandes corporaciones.
Con la aprobación de esta ley, se espera una reducción significativa en las llamadas no solicitadas, una de las principales quejas de los consumidores en Chile. Además, el proyecto contempla la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, que será la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y aplicar las sanciones correspondientes.
