Alejandra Casanova Henríquez, arquitecta Universidad del Bío-Bío, magíster en Gerencia para el Desarrollo,
especialista en Políticas Públicas, desarrollo Urbano – Territorio y Seguridad Urbana
La inseguridad y delincuencia sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía en Chile, según múltiples encuestas nacionales que así lo confirman. También, según el estudio mensual “Preocupaciones del mundo” de la empresa francesa de investigación de mercados Ipsos, que recogió la percepción de miles de personas en 29 países del mundo, Chile aparece como el país más preocupado por el crimen y la violencia.
Al hablar de seguridad, debemos referirnos como punto de partida, a la acción integrada que debe proveer y garantizar el estado hacia la ciudadanía. Las situaciones de crimen y violencia nos plantean hoy más que nunca integrar diversos ámbitos de estudio y estrategias, hacia perspectivas más multidisciplinarias. En ese sentido, las últimas décadas en Chile se viene proponiendo la mirada urbana en la prevención del delito y las violencias.
La ciudad como hábitat, se configura como el principal soporte y plataforma de acceso a oportunidades y desarrollo para las personas; para el ejercicio de libertades individuales y grupales, el desarrollo de los vínculos comunitarios y entornos para la cohesión e integración social. Pero ciertas dinámicas y características de este desarrollo han generado innumerables situaciones de desigualdad, segregación urbana y marginalidad, además del debilitamiento de la cohesión social y la vida comunitaria. Sumado a ello, el espacio urbano presenta factores espaciales y condiciones de riesgo que facilitan la oportunidad y proliferación del crimen, la violencia y el incremento de la sensación de temor de las personas.
El alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial, expresado en espacios urbanos abandonados y degradados; espacios públicos deteriorados y diseños poco planificados; sitios eriazos sin control; carencia de iluminación y vegetación no mantenida; carencia de infraestructura urbana y equipamiento social; ausencia de personas que ejerzan un control social y vigilancia natural sobre los espacios comunes; desorden social e incivilidades en el espacio público; conflictividad y desorganización vecinal; entre otros; constituyen hoy en día uno de los mayores escenarios de oportunidad para la violencia, el delito y la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
A partir de esto, es preciso ampliar el enfoque de la gestión estatal en materias de seguridad pública, complementando las medidas de control y sanción, con estrategias que integren la «dimensión urbana» para la seguridad ciudadana, desafiando el diseño de políticas públicas y estrategias que incorporen en sus prácticas normativas, regulatorias y vinculantes, la planificación, diseño y gestión urbana para la seguridad pública, comprendiendo así las múltiples dimensiones que pueden ser intervenidas en el espacio cotidiano de uso público, residencial, comercial, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de las personas e incrementar la sensación de seguridad, a través de una mirada integral en la prevención del delito a través del diseño urbano.
Este es un desafío donde resulta imprescindible establecer una articulación con diversos agentes del Estado, en sus distintos niveles; y que solo junto a la ciudadanía organizada, como pieza clave; sean capaces de diseñar e implementar estrategias e intervenciones urbanas para generar entornos seguros y mitigar las condiciones de riesgo del espacio público, para disminuir las oportunidades del delito, las violencias y el miedo ciudadano.
Entonces, desarrollar conocimientos y habilidades desde esta perspectiva, implica planificar métodos, estrategias y acciones necesarias para generar intervenciones con alto sentido de territorialidad y visión de desarrollo de la comunidad, incorporando criterios de diseño urbano seguro, impulsando políticas de participación activas y efectivas, acompañadas de una fuerte coordinación entre los distintos sectores públicos que intervienen el territorio, con la finalidad de otorgar espacios públicos seguros e integradores, fortaleciendo vínculos y estructuras sociales que son prioritarias para la mirada urbana en la prevención del delito y la inseguridad.
