Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.
A propósito de una encuesta (CEP) publicada hace algunas semanas que puso de manifiesto la preocupante falta de confianza en los tribunales de justicia y otras instituciones, cabe hacer algunas precisiones, en el afán de contribuir a aclarar la distribución de tareas en el sistema de justicia, integrado no sólo por los tribunales de justicia, como suele creerlo la mayoría de la ciudadanía.
Lo haremos respondiendo una serie de preguntas:
1) ¿Son responsables los tribunales de justicia de los serios problemas de acceso a la justicia que derivan del sistema de prácticas de egresados de Derecho en la Corporación de Asistencia Judicial, con abogados tutores que deben supervigilar muchísimas causas, y un nivel de rotación de postulantes que dificulta la adecuada atención de los usuarios de esta institución? No, el responsable es el Estado que no ha generado aún un sistema de representación judicial profesional y de calidad, como lo es, por ejemplo, la Oficina de Defensoría Laboral.
2) ¿Son responsables los tribunales de justicia de la sobrecarga de asuntos a su cargo de fiscales y defensores públicos, que terminan afectando ya sea la calidad de la investigación o el estándar de defensa, según el caso? No, el responsable es el Estado que no ha tenido voluntad política de ajustar al alza el número de fiscales y defensores públicos acorde con las numerosas reformas al CP y CPP que se han experimentado en los últimos 15 años.
3) ¿Son responsables los tribunales de justicia que el sistema de control de las resoluciones judiciales más importantes se haya restringido con las reformas a la justicia desde el año 2000, dificultando muchísimo la tarea de los tribunales superiores, atendido el carácter extraordinario y de derecho estricto de dichos recursos? No, el responsable es el Legislativo que asumió hasta las últimas consecuencias un sistema de recursos que ha demostrado ser insuficiente para controlar los errores de los tribunales inferiores.
4) ¿Son responsables los tribunales de justicia, por ejemplo, los tribunales penales o del trabajo, de la fijación de audiencias a varios meses? No, nuevamente la responsabilidad es del Estado que aún no logra entender que no puede seguir estresando el sistema a costa de jueces y juezas que no pueden dar más, y que el éxito del funcionamiento de estos procedimientos reformados impone invertir en Justicia.
5) ¿Son responsables los tribunales de justicia de la sensación de inseguridad de la ciudadanía en las calles y sus barrios? No, primero, porque el aumento de la dotación de la policía es una necesidad identificada hace tiempo, pero no asumida en la medida que es necesaria; y luego, porque en lo que pudiese reprochársele a los tribunales, el porcentaje de prisiones preventivas acogidas se acerca al 90% y cada vez son más estrictos con quienes gozando de una pena sustitutiva, no la cumplen.
6) ¿Son responsables los tribunales de justicia (en este caso las Cortes de Apelaciones), del tiempo que tarda un asunto en verse y resolverse en esta sede? No, es responsabilidad de los propios abogados que tienen a su haber un abanico de alternativas para evitar que la vista de la causa se verifique el día previsto, por ejemplo, recusaciones sin expresión de causa, suspensiones unilaterales o de común acuerdo, suspensiones por otra audiencia, suspensión del procedimiento por un determinado número de días, entre varias otras.
7) ¿Son responsables los tribunales de justicia responsable que los juicios civiles tarden varios años en consolidar una sentencia firme respecto de la cual se pueda pedir su cumplimiento forzado? No, es responsabilidad del Estado, del Legislativo, que desde 2014 tiene abandonado el avance de la tramitación del nuevo CPC, paradójicamente, que recoge el sistema supletorio de los demás sistemas reformados.
En fin, este es sólo un breve catálogo de preguntas que hemos intentado despejar en sus respuestas para contribuir a aclarar responsabilidades.
¿Significa que los tribunales de justicia carecen de toda responsabilidad en el buen funcionamiento del sistema de justicia? Desde luego que la negativa se impone, por sentido común, pero los tribunales y los jueces y juezas son los primeros interesados en que el sistema funcione de manera eficiente en favor del destinatario del servicio Justicia.
