Por primera vez desde 1998, se actualizó el decreto que, entre otras cosas, regula los aranceles de los receptores judiciales.
Se trata de un proceso de modernización que busca simplificar los trámites de índole administrativa y evitar cobros excesivos.
Entre las principales tareas de un receptor judicial se encuentran la de notificar sobre instancias judiciales, recibir testimonios en procesos legales y ejecutar otras diligencias que ordene el tribunal respectivo. Por esta razón, su presencia dentro del sistema judicial es de vital importancia.
Entre lo más relevante de la actualización de las normas, se encuentran las siguientes medidas:
- Actualización del arancel de los receptores judiciales, que establece las tarifas que los receptores pueden cobrar por sus servicios. Esto transparenta las sumas de dinero que pueden solicitar por sus labores.
- Se estandariza el formato del cartel del arancel de los receptores judiciales, lo que se traduce en que la información sobre sus tarifas será accesible para todos los usuarios del sistema judicial.
- Se establecen nuevos cargos de receptores judiciales en las Cortes de Apelaciones, los que estarán distribuidos de forma estratégica a lo largo de Chile. De este modo mejorará la cobertura y la respuesta del sistema judicial.
Aunque fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la entidad a cargo de publicar estas nuevas regulaciones, el proceso para establecer el arancel se hizo con participación ciudadana de por medio. De esta manera, los usuarios tuvieron la posibilidad de hacer llegar sus sugerencias y opiniones a los encargados durante la elaboración.
