A finales de mayo, Cambio21 expuso una serie de irregularidades y la inobservancia de los requisitos legales en la licitación del casino de juegos en la región del Maule, específicamente en Talca.
Según los documentos y antecedentes recopilados, la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) habría ignorado varios elementos que, por su carácter público, deberían haber llevado a la exclusión de la oferta del grupo Dreams, que a través de la sociedad de Los Rios Claros S.A. obtuvo la concesión para operar durante los próximos 15 años.
Los certificados de hipotecas, gravámenes y prohibiciones existentes sobre el inmueble propuesto por Dreams revelan contratos de arrendamiento y usufructo a favor de empresas de telecomunicaciones como Smartcom (hoy Claro Chile). Estos contratos hacían inviable legalmente que el grupo Dreams cumpliera con los requisitos de la ley N° 19.995, que regula los casinos de juego. Además, el terreno propuesto contiene una antena visible desde varios sectores de Talca, ubicada en una zona inundable, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del proyecto.
La Omisión de la Superintendencia de Casinos de Juegos
La SCJ, a pesar de su rol de regulador, no analizó ni observó estos certificados, a pesar de ser requisitos insalvables en cualquier licitación, especialmente en la etapa de oferta técnica. Esta omisión es especialmente preocupante dado el contexto de investigaciones por colusión en la industria y la delación compensada del gerente general de una de estas empresas.
El Consejo Resolutivo, que incluye a altas autoridades como la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Bernstein, tuvo acceso a estos antecedentes. Sin embargo, procedió a adjudicar el permiso a Dreams. Este hecho es aún más alarmante considerando el valor multimillonario de la licitación y las garantías asociadas.
Conforme lo dispone el artículo 10 del decreto N°329, de 2005, del Ministerio de Hacienda, la Presidenta del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, puede de propia iniciativa o a petición de otros tres consejeros, convocar a sesiones extraordinarias del mencionado Consejo, sin embargo, esto último no se realizó, la pregunta es ¿Por qué?, será negligencia, dolo, omisión o simplemente no se consideró pertinente.
La Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) debía velar por el estricto cumplimiento de la ley, pero parece haber pasado por alto pruebas cruciales. Esta negligencia, deliberada o no, socava la confianza pública en las instituciones y deja la puerta abierta a cuestionamientos sobre posibles colusiones.
Intervención de Autoridades y Reacciones
La senadora Ximena Rincón ha solicitado información sobre el proceso, señalando que la adjudicación no consideró el cumplimiento de requisitos esenciales de la ley. Rincón ha enfatizado que la Superintendencia debió haber verificado los documentos de arrendamiento y los derechos reales sobre el inmueble, los cuales ya estaban en posesión de una empresa de telecomunicaciones.
La diputada Mercedes Bulnes ha respaldado esta posición, subrayando problemas ambientales y de permisos de construcción pendientes en el terreno propuesto. Bulnes destacó que la zona es inundable y ha habido problemas previos con inundaciones en el área, lo que agrava las dudas sobre la idoneidad del sitio para un casino.
El abogado Pablo Berwart ha presentado un reclamo de ilegalidad contra la SCJ, argumentando que los contratos existentes hacían impracticable la suscripción de un nuevo arrendamiento. Berwart aseguró que los gravámenes y prohibiciones registrados en el Conservador de Bienes Raíces de Talca impedían cualquier nuevo contrato de arrendamiento.
Implicaciones de las Irregularidades
La falta de diligencia por parte de la SCJ en la evaluación de la oferta técnica de Dreams plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. En licitaciones de esta magnitud, donde están en juego millones de dólares y la operación de un casino por 15 años, cualquier irregularidad puede tener implicaciones significativas.
La omisión de estos detalles críticos no solo compromete la legalidad del proceso, sino que también pone en entredicho la imparcialidad y competencia de las autoridades involucradas. Además, las conexiones y posibles conflictos de interés entre los reguladores y los licitadores deben ser investigados a fondo para garantizar que no haya habido colusión.
Conclusiones y Pasos a Seguir
El caso del casino en Talca no solo pone en tela de juicio la transparencia del proceso de licitación, sino que también resalta la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las normativas por parte de los reguladores. La posible colusión y las omisiones regulatorias en este caso deben ser investigadas a fondo para garantizar la integridad del sistema de licitaciones y la confianza del público en las instituciones encargadas de estos procesos.
Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas para revisar y, de ser necesario, anular la adjudicación si se confirman las irregularidades. La transparencia y la legalidad deben ser pilares fundamentales en cualquier proceso de licitación para asegurar que se actúe en el mejor interés del público y se mantenga la confianza en las instituciones públicas.
