Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.
Vivimos tiempos en que el rol de los abogados no siempre es bien entendido por la Sociedad. En muchas ocasiones esa incomprensión es injusta e inmerecida, pues los abogados cumplen con rigor el papel que les toca asumir institucionalmente, para resguardar, por citar un ejemplo impopular, que una persona declarada culpable de la comisión de un delito o crimen reciba la pena que le corresponda de conformidad a todas las condiciones y variables que contemple la ley (léase, a modo de ejemplo, la eventual concurrencia de varias atenuantes y ninguna agravante).
En otros procedimientos, son muchas veces descalificados en el sentido de señalar que sólo buscan dilatar con maniobras reñidas con la buena fe o derechamente con su actuar con abuso del proceso, todo lo que atenta contra la rapidez y justicia de la decisión. Pero esa crítica cuando se formula en términos generalizados peca de injusta, pues son muchos los profesionales letrados que actúan dentro del proceso respetando las reglas, defendiendo legítimamente los intereses de su cliente, y mediante la adecuada preparación de cada una de sus actuaciones allana el camino a una decisión que se adopte con la información de la mayor calidad posible. Por eso debemos estar alertas a aquellos casos dónde algunos jueces se exceden en sus poderes de dirección y terminan afectan el adecuado desarrollo de la labor profesional del abogado.
Además de lo anterior, los abogados han debido transitar y evolucionar junto a los cambios aparejados por las reformas a la justicia (que han impuesto la regla general de las audiencias orales) donde las (in) competencias de forma y también de fondo quedan en evidencia desde muy temprano. Esto les ha obligado a capacitarse, a reinventarse, en sintonía con los cambios, modificaciones que incluso mutó la forma de organización de los estudios jurídicos, por ejemplo, a través de la especialización. Desde luego existe un grupo de abogados que no asume su labor con la rigurosidad y seriedad que se exige, de lo que dan cuenta sus presentaciones escritas o las orales, tanto ante los tribunales de base como ante los tribunales superiores.
Es fundamental poner coto a actuaciones reñidas con la buena fe procesal, tarea donde los tribunales tienen un rol fundamental, como también el Colegio de Abogados (aunque la influencia del mismo ha disminuido desde que las nuevas generaciones de abogados no se asocian). No debemos esperar a que la decadencia intelectual y ética de un grupo se extienda y convierta en la regla general, para lo que no conviene desoír lo que Calamandrei señalaba en 1921 en su obra “Demasiados abogados” advirtiendo sobre el alto número de Escuelas de Derecho y de abogados, que había terminado por bajar el estándar moral e intelectual de los mismos. No hacernos cargo de este problema es claudicar en la tutela de la libertad, de los derechos fundamentales, y de la función en buena medida “pública” que están llamados a cumplir, concluía Calamandrei, lo que hasta nuestros días es válido.
