Dr. Emilio Moyano Díaz. Prof. De Excelencia, Universidad de Talca.
Además de saludar a todos/as los/as trabajadores del país, podemos detenernos en ese tipo particular -por su nivel de ingreso y privilegios- de trabajadores del Parlamento -diputados, senadores- , que son los responsables de la elaboración de nuevas y buenas leyes, de su actualización, y que permitan la regulación del funcionamiento de una sociedad chilena hoy anómica.
La anomia es la percepción de los ciudadanos que existe una fractura en los liderazgos (carencia, debilidad, inconsistencia) y en el tejido social (criminalidad vía homicidios, corrupción miedo e irritación ciudadana) con falta de cohesión de una sociedad. Criminalidad y suicidio son sus efectos más dramáticos. Sus causas son variadas, pero a la globalización y los procesos abruptos de cambio económico (crecimiento y deterioro) que han caracterizado al país en las últimas décadas se debe agregar las crisis de participación (agudizada por voto voluntario en 2012), de representación (menos adhesión a partidos y pérdida de confianza en instituciones claves (gobierno, tribunales, congreso); de confianza en instituciones de orden público y social; de probidad pública y privada (financiamiento irregular de la política, colusiones empresariales, corrupción en FFAA, Carabineros, PDI, Municipios, malversaciones en fundaciones).
Estos días las noticias muestran que el Parlamento trabaja a presión porque tiene trabajo pendiente, tareas no hechas, entre otras, la relativas a la seguridad en el país, cuya urgencia se ha actualizado a causa del vil y horroroso asesinato a balazos y posterior incineración de tres Carabineros en el sur del país. Este crimen se suma al del Tte. Carabinero de 27 años acribillado en Quinta Normal hace una veintena de días por cuatro extranjeros, venezolanos, el último de los cuales recién detenido en Colombia, todos con antecedentes criminales, ingreso irregular al país y mensajes alusivos a la violencia en redes sociales. Por cierto, también se suma entre los de alta notoriedad pública, el del oficial venezolano opositor al gobierno de su país, en febrero de este año, y un largo etcétera. Baste decir que los homicidios han aumentado un 40% en el país en los últimos 7 años, y los secuestros 140% en 10 años.
Respecto de seguridad frente al crimen (la sanitaria también está al debe en Isapres e indignantes esperas en el sistema público, y así otras) los parlamentarios no han sido capaces de finiquitar una ley antiterrorista. Y no se trata de partir de cero en ello, en Chile existe la Ley Antiterrorista N°18.314 desde 1984 (desde antes que naciera el actual Pdte.), cuando Pinochet enfrentaba una ola de protestas y algunos grupos de oposición validaban la vía armada insurreccional. Posteriormente fue reformada a causa de una huelga de hambre de comuneros mapuches en 2010 y 2011. Y hoy 14 años después entonces, se reactiva la preocupación por el asesinato de los tres carabineros vilmente asesinados. El pecado original de esta ley es asumir la definición del terrorismo de la RAE (“dominación por el terror, sucesión de actos de violencia a ejecutados para infundir terror”), que obliga a demostrar que el ´terrorista’ tenía o tiene la intención de causar terror, cuestión no pertinente, e inviable. No es difícil superar aquella definición, la ley debe poner el foco en la conducta; instalar o activar una bomba en un lugar público debe ser objeto de una alta penalidad, incendiar propiedad privada y más aún si habitada igual, mismo asesinar a balazos y cremar, etcétera, no es tan difícil. Además, si la inteligencia local fuera insuficiente, existe legislación ‘antiterrorista’ eficaz generada desde antiguo en países que han vivido el terrorismo con fuerza (España, para mismo idioma), y cuya adaptación al nuestro no es tarea difícil. Pero cuando lo ideológico y no el amor al país y su gente predominan, no se consigue legislar, o se hace ‘como si’, aprobándose leyes para decir que se cumplió con alguna meta, en retórica demagógica, pero su calidad las torna inocuas, espurias y, sobre todo, burlas para los ciudadanos.
Así, debemos agregar entre las tareas pendientes del Parlamento, la creación del Ministerio de Seguridad del que se habla desde hace años (solo a modo de ejemplo, Piñera anunció su creación en 09/2021 como dependiente de Carabineros) y, también desde hace un año (y sin urgencia desde el Gobierno) está en discusión el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF).
No hay sacrificio ninguno en jornadas extendidas de un par de días para legislar en estas materias de tanta relevancia para la calidad de vida de los ciudadanos. Es simplemente ponerse al día en el trabajo y dejar de procrastinar. La ciudadanía ha reiterado una y otra vez, que su prioridad es la seguridad, seguida por salud, justicia, pensiones (que el Gobierno ya estaría bueno que sometiera a voluntad popular) y educación. Todas estas remiten a las necesidades de seguridad en la jerarquía de necesidades y teoría de la motivación humana de A. Maslow, lo cual no es sorprendente para quien las conoce. Lo que llama la atención es que una teoría que explica la inevitabilidad de la demanda por seguridad una vez que se satisfacen las relativas al ‘pan, techo y abrigo’, formulada hace más de 50 años, no sea considerada seriamente para entender y responder adecuadamente a la ciudadanía. ¿Cuántos muertes más de chilenos/as (y extranjeros) deberemos lamentar antes que el Parlamento haga bien su trabajo?
