Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.
¿La politización en la justicia es inevitable? ¿Debemos resignarnos o hasta entender que los jueces y las juezas juzguen de acuerdo con sus particulares convicciones ideológicas y políticas?
¿Es imposible poner por delante de las convicciones e intereses propios la aplicación desinteresada del Derecho objetivo y la ley? ¿Cabe politizar la Justicia y el proceso?
Vaya por delante que los jueces y las juezas, como cualquiera, tienen convicciones, opiniones e intereses propios: son tan humanos como todos y, desde luego, no se les importa de otro planeta ni son fabricados artificialmente en algún país con tecnología avanzada.
Las convicciones e ideología son parte de la personalidad, y no son incompatibles, en principio, con ejercer la labor jurisdiccional. Sí lo serán cuando con ellas tratan de condicionar el resultado de la actividad jurisdiccional con ánimo de lograr un resultado distinto de aquel que resultaría de la aplicación de los criterios establecidos por el legislador o en la Constitución.
Expresar cual es la voluntad de la ley en el caso concreto no es tarea sencilla. Por eso se requiere de gente rigurosamente seleccionada y muy bien preparada para servir en esta tarea central de un Estado de Derecho.
Los jueces y las juezas, en cuanto tales, que insisto deben estar muy bien preparados y permanentemente capacitados y actualizados, deben saber mirar los hechos del caso concreto desde el punto de vista jurídico y con el único fin de decir el Derecho en cada caso, que es el papel que deben cumplir en las sociedades democráticas.
El Poder judicial y los jueces son la garantía de la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Toda otra pretensión desvía la función de éstos y la jurisdicción a otros fines.
