Actualmente, el Casino Dreams de Talca es un proyecto que está en el ojo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Bajo la nueva Ley de Delitos Económicos, la Dirección de Obras Municipales debiese cumplir un papel aliado.
La nueva Ley de Delitos Económicos establece infracciones penales específicas relacionadas con el medio ambiente dentro del Código Penal, clasificadas como “atentados contra el medio ambiente”. Estas se añaden a los ilícitos ya existentes con implicaciones ambientales, dispersos en diversas normativas especializadas.
Los delitos medioambientales recién introducidos ahora se reconocen como crímenes económicos, siempre que el acto sea cometido por alguien en ejercicio de una función en una entidad, o en procura de un beneficio económico para una organización. Bajo esta premisa, también se consideran crímenes económicos aquellos ilícitos contemplados en leyes sectoriales ambientales como la Ley de Bosques, Ley General de Pesca y Acuicultura, entre otras.
Esta normativa implica que tanto individuos como entidades jurídicas que participen en estos ilícitos podrían enfrentar sanciones. Las personas podrían recibir penas de prisión y multas, mientras que las entidades jurídicas se exponen a sanciones específicas que incluyen la disolución de la personalidad jurídica o la supervisión corporativa, así como multas económicas.
Es notable que, las entidades jurídicas pueden eludir la responsabilidad penal con un esquema preventivo eficaz que atienda al tipo y tamaño del negocio, entre otros factores. Si una empresa no cumple con este requisito, podría acceder a una reducción de la pena si adopta medidas efectivas antes de ser formalmente acusada para evitar futuras transgresiones.
En cambio, los beneficios derivados de un modelo de prevención no aplican a los individuos, quienes, en cambio, están sujetos a atenuantes y agravantes especiales según las circunstancias del delito económico cometido. Un agravante sería, por ejemplo, una participación activa en el delito desde una posición de liderazgo en la entidad. Además, se han endurecido las condiciones para optar por penas alternativas, aumentando la probabilidad de que los infractores individuales enfrenten cárcel.
Respecto a las personas naturales, un atenuante considerable sería actuar bajo coacción dentro de una estructura jerárquica. En términos medioambientales, también se considera un atenuante significativo el resarcimiento del daño ambiental, excepto en casos de impacto grave en áreas protegidas o glaciares.
No obstante, tanto individuos como entidades están sujetos al decomiso de beneficios derivados de los ilícitos, lo que implica la incautación de activos o ganancias obtenidas ilegalmente.
Autores de crímenes ambientales
La Ley de Delitos Económicos, se enfoca en los infractores que deliberadamente evitan la evaluación de impacto ambiental o contaminan recursos naturales, así como en aquellos autorizados para ciertas acciones, que las realizan contraviniendo normativas ambientales, especialmente si reinciden.
Se incluye también la criminalización de conductas en procesos de evaluación y control ambiental, como la presentación malintencionada de datos en la evaluación de proyectos o el incumplimiento de sanciones ambientales.
Con el cambio normativo, se requiere un análisis detenido de las nuevas disposiciones y sus implicaciones, incluyendo el debate sobre la reparación del daño ambiental en sede penal y la determinación de multas, que para las entidades podrían ascender a sumas significativas, más el decomiso de beneficios.
Finalmente, las faltas administrativas cobran mayor relevancia, ya que las sanciones administrativas podrían tener consecuencias penales.
Mientras que, para las personas naturales, el proyecto entró en vigencia tras su publicación, las entidades jurídicas tendrán un período de adaptación de trece meses. Lo que les permitirá adecuar sus esquemas de prevención delictiva.
Instituciones para la prevención de crímenes ambientales
En lo que respecta al cuidado del medio ambiente en Chile, entidades de diferentes sectores del Estado pueden aportar en el cumplimiento de las normativas creadas. De este modo, prevenir la realización de actos constitutivos de delitos ambientales. La finalidad, es evitar efectos desfavorables para la vida de las personas, así como para las diferentes especies presentes en los ecosistemas.
Una de las instituciones más relevantes en la tarea de prevenir daños en el medio ambiente, es la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La misión fiscalizadora de la SMA queda estipulada en la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Se encarga de gestionar las denuncias por incumplimiento de normas ambientales, formuladas por ciudadanos. Posteriormente, de ser consistentes, la SMA debe comunicar tales inquietudes en un informe al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
Así también, la Dirección de Obras Municipales de cada municipio tiene el poder de emitir los permisos para la realización de los proyectos a concretar en su ciudad. Para ello, debe guiarse por todas las normativas necesarias, entre ellas, la Ley de Delitos Económicos.
En este sentido, el trabajo de la Dirección de Obras es fundamental, pues dentro de su rol, la entidad municipal podría enfatizar en situaciones constitutivas de delito. Y tomar las acciones, para que se aplique la ley.
Fiscalización al Casino Dreams S.A.
Uno de los proyectos que causa interés de fiscalización, debido a su magnitud y las posibles consecuencias ambientales que podría acarrear su presencia y construcción en el sector, es el nuevo casino de Talca.
Un proyecto de casino que ya fue adjudicado por la Superintendencia de Casinos y contempla la edificación de un centro de juegos en el predio fiscal de la ex Fital: una zona que fue tipificada como inundable, según el actual Plan Regulador de la Municipalidad de Talca.
Por lo demás, el sitio en donde los dueños de Monticello pretenden construir el casino de la Región del Maule, está a metros del Río Claro. Zona que está en espera de ser declarada oficialmente como Humedal Urbano, por ser el hábitat natural de una rica diversidad de fauna, flora y funja nativa.
En tal contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente registró una denuncia en su sistema, la cual indica que es necesario fiscalizar el proyecto de casino antes de ser ejecutado. Al respecto, el organismo comunicó que la acusación fue incorporada en el proceso de planificación de fiscalización. Por lo cual, se iniciará una investigación sobre el proyecto de Casino Dreams de Talca.
Las acciones que pueda llegar a tomar una entidad fiscalizadora, dependerán del trabajo de inspección que se realice a un proyecto. Las personas a cargo, por ello, cumplen un papel esencial. Siendo responsables de dar aviso o guardar silencio ante acciones irregulares, que podrían ser constitutivos de delitos ambientales.
Cabe señalar que, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Talca tiene el poder de otorgar los permisos para que las obras sean construidas. Es decir, sin su autorización, un proyecto no puede operar. Asimismo, sobre los funcionarios de Obras Públicas del municipio cabe la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas, incluida la Ley de Delitos Económicos.
No obstante, hasta el momento, desde el ente no se han referido sobre esta situación. Por lo cual, aún es una incógnita qué pasará con la construcción del nuevo casino de la ciudad.
