Tras siete años de discusión, los sectores políticos dejaron sus diferencias, a fin de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, aprobó el proyecto de Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.
La iniciativa, fue ingresado a la Cámara Baja en el año 2017. Después de diferentes trámites, discusiones y modificaciones en el Senado, el proyecto fue aprobado por la mayoría de Diputadas y Diputados. Por lo cual, la normativa está lista para ser promulgada como Ley de la República.
Vida libre de violencia
La Ley Integral es un proyecto relativo al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el documento aprobado, fueron especificados diversos mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia, para las mujeres.
Por lo demás, el texto despachado entrega una definición de la violencia de género. Siendo denominada como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género. Así también, serán consideradas dentro de este ámbito las amenazas acerca de lo señalado. Especificando que no importa el lugar donde la violencia ocurra.
Así también, la ley reconoce como violencia de género, los actos ejercidos contra niños, niñas y adolescentes (NNA), con la finalidad de dañar a sus madres o cuidadoras.
Adicionalmente, el proyecto de Ley Integral, incluye una clasificación de lo tipos de violencia de género. Señalando el siguiente listado: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, en el trabajo y gineco-obstétrica. Cabe mencionar que, de ser necesario, quedó establecida la posibilidad de agregar nuevas clasificaciones.
Protección de las víctimas
En lo fundamental, el texto apunta a mejorar la fiscalización a las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento. También, busca fortalecer el rol de representación jurídica, en casos de femicidios o suicidios femicidas.
Además, incluye la creación de un sistema de gestión integral de casos. Con el fin de favorecer el traspaso de información entre las distintas instituciones que trabajan en la prevención, atención y reparación de las mujeres que sufren violencia.
Para ello, los organismos deberán considerar objetivos como otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental. Así como informarles sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles. También, registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones.
De igual forma, los entes públicos deberán asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos. Asimismo, adoptar medidas de seguridad y resguardo de las afectadas, asegurándoles el acceso a la justicia.
Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, es la institución encargada de la coordinación, coherencia y consistencia de las políticas, planes y programas en tales materias.
