Claudia Morales Courtin. Seremi de la Mujer y Equidad de Género. Región del Maule.
Se estima que, a nivel global, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas ajenas a la pareja a lo largo de su vida[1] y en nuestra región del Maule es 4 de cada 10 mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más generalizada, arraigada en relaciones de poder desiguales y en normas sociales perjudiciales y discriminatorias instaladas hace más de 26.000 años. Como sociedad, tenemos un deber ético[2], que es la erradicación de la normalización de la violencia y de las relaciones de poder desiguales en razón del género, ya sean sociales, familiares o laborales. Como instituciones podemos hacer un esfuerzo mayor. Por eso hoy es prioritario que, después de 7 años de tramitación, se apruebe en nuestro país la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
El 27 agosto de 2017, en Lontué, una mujer de 41 años, víctima de violencia de género, iba junto a sus hijos a encontrarse con su victimario y padre de sus hijos, con quien se le había ordenado compartir su custodia. En el lugar de encuentro, cerca del gimnasio municipal, el victimario descendió de su vehículo y disparó dos veces, en plena vía pública, contra la mujer, dándole muerte en el acto. Todo esto mientras sus dos hijos observaban el suceso. Tras cometer el crimen, el hombre habría intentado arrancar en dirección a la Plaza de Lontué, pero al verse rodeado por carabineros, cometió suicidio. Tristemente, este es el caso de muchas mujeres víctimas de violencia de género que deben seguir compartiendo la custodia de sus hijos con su victimario.
Este proyecto no solo busca fortalecer las medidas cautelares, sino que, entre muchos otros aspectos, busca que hijos e hijas sean considerados como víctimas directas de la violencia que viven sus madres, no solo como testigos, evitando que, por ejemplo, sus madres o cuidadoras tengan riesgos de vida por tuición compartida con el victimario.
Asimismo, este proyecto de ley busca reducir las veces en que las mujeres que viven violencia deban relatar lo ocurrido, y crea un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos, lo que es fundamental para que, por ejemplo, las policías pongan en alerta situaciones de riesgo de vida in situ.
El 26 de julio 2022, personal de Carabineros se trasladó a la comuna de Yerbas Buenas para verificar un procedimiento por violencia intrafamiliar. La víctima ya había realizado la denuncia por allanamiento de morada, sin embargo, en el segundo llamado realizado por sus vecinos se encontró a la víctima, de 37 años de edad, tendida en el piso con heridas cortopunzantes en distintas partes de su cuerpo en presencia de su hija. Fue trasladada de urgencia al consultorio comunal donde, debido a la gravedad de sus heridas, falleció. La policía detuvo al ex conviviente, imputado por el femicidio.
Tener un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres es un imperativo ético, ya que no solamente ofrecerá mejores herramientas para su abordaje, sino que también permitirá reconocer la violencia de género en sus múltiples manifestaciones, para impedir que más mujeres, niños y niñas sigan viviendo y muriendo por su causa.
Es ahora, en el presente, que se requiere un proyecto que se haga ley para que las mujeres no deban esperar más, para que no nos falte Jacqueline, Andrea o tantas otras mujeres. Este debe ser un tema de Estado, por eso necesitamos esta ley integral que aglutine y establezca deberes para todas las instituciones. Esperamos contar con el compromiso de todos y todas para lograrlo.
[1] OMS, Estimaciones de la prevalencia de la violencia contra las mujeres 2018 (Ginebra, 2021).
[2] Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida
