Tras las medidas de realizadas por el Gobierno, de un total de 2.600 migrantes, se había proyectado la expulsión de 60 de ellos, todos de nacionalidad venezolana. Sin embargo, dicha orden no pudo concretarse pese a los esfuerzos chilenos.
Según confirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el vuelo no pudo realizarse debido a que Venezuela no autorizó el aterrizaje en su territorio.
Esta decisión de las autoridades venezolanas puso en incertidumbre especialmente a la Policía de Investigaciones, quienes deberán liberar a los detenidos producto de la actual legislación chilena.
En base a las leyes actuales, existe un plazo de 5 días para que los migrantes puedan ser expulsados del territorio nacional.
