El pasado 28 de septiembre, la diputada Mercedes Bulnes realizó diversas fiscalizaciones, donde se denunciaron malas situaciones por las que viven las personas privadas de libertad.
Acompañando a la diputada, también asistió el fiscal judicial Gonzalo Perez, el Coordinador de la Defensoría Penitenciaria Jaime Venegas y Ángela Hernández del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todos ellos constataron condiciones alarmantes que afectan “gravemente la dignidad y los derechos fundamentales de los privados de libertad y de Gendarmería en dicho recinto”.
Bulnes denunció las condiciones de los imputados: “En una celda del módulo, 43 hombres adultos son encerrados durante 15 horas al día en un espacio de 4 por 4 metros, sin luz natural ni adecuada ventilación”. añadiendo que “esta es solo la punta del iceberg, ya que las condiciones de otras celdas también presentan serias deficiencias, desde problemas eléctricos hasta filtraciones de aguas servidas”.
Otro hecho que llamó la atención de las autoridades fue la falta de “condiciones adecuadas para personas con discapacidad, la insuficiente dotación de gendarmes y la evidente violación de los derechos humanos en el módulo 3, como lo confirma la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca del 23 de octubre de 2023 ante un recurso de amparo que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Tras esto se ordenó una sentencia con plazo de 10 días para establecer mejoras en el recinto, junto a esto, la diputada Bulnes añade que “esta situación afecta a los presos, pero también afecta al personal que los cuida, porque ellos también se ven enfrentados a una situación en que no es posible vivir como ser humano”.
Gendarmería, en respuesta ha iniciado procesos sancionatorios y la reconstrucción del módulo 3. Sin embargo, este proceso implica trasladar a los internos a otra cárcel durante las reparaciones.
A su vez, las autoridades maulinas han interpuesto oficios a diversas autoridades, incluyendo al Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile y otras entidades relevantes, exigiendo informes sobre el estado de cumplimiento de la sentencia y medidas correctivas.
