Artículo de opinión por Pedro Ignacio Albornoz Sateler, abogado.
Todas las encuestas demuestran que la principal preocupación de los chilenos de hoy es la seguridad pública, ya sea en su vertiente del aumento de la delincuencia común, la inmigración ilegal, el crimen organizado, el narcotráfico o la violencia en el sur del país.
Por eso me parece importante revisar en qué medida el proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado el próximo 17 de diciembre se hace cargo de esta preocupación central de nuestra sociedad.
Lo primero que salta a la vista al comparar la actual Constitución y el nuevo proyecto, es que este último le da mayor importancia a la seguridad pública. No hay que extrañarse, por cierto, pues cada Constitución es hija de su tiempo, y debe abocarse a facilitar la solución de los problemas de la época en que fue dictada.
Esta mayor importancia se muestra claramente al considerar que el nuevo proyecto dedica un capítulo entero – el VII – a la Seguridad Pública, que en sus artículos117 a 125 refuerza la estructura de Carabineros y de la PDI, e incluso menciona a Gendarmería de Chile. Además, dispone que estos Organismos de Orden y Seguridad deberán colaborar para efectos específicos con las Fuerzas Armadas.
Otro ejemplo de la prioridad que el proyecto constitucional otorga a este tema es que en el Capítulo Primero, relativo a los “Fundamentos del Orden Constitucional”, se establece que “es deber del Estado resguardar la seguridad de la población”, consagrándose así este tema como una de las prioridades que deben atender todas las Autoridades durante el ejercicio de sus funciones.
También muchas otras disposiciones del proyecto mencionado tienden a priorizar el tema de la seguridad pública. En esta materia, como en muchas otras, el nuevo proyecto no modifica o corrige el texto de la Constitución
Constitución vigente, sino que lo complementa con nuevas normas de destinadas a enfrentar los problemas actuales del país.
Personalmente, me parece adecuado que el proyecto enfatice estos temas. Habitualmente, las Constituciones de nuestros estados latinoamericanos, son abundantes en declaraciones téoricas y en consagración de innumerables derechos, pero no enfrentan los problemas reales que tienen sus países. Así, en esta América del Sur y Central, en que la delincuencia y el crimen organizados son de los mayores del mundo, sus Constituciones parecen ignorar este grave problema.
La falta de seguridad pública no sólo perjudica gravemente a sus víctimas directas, sino a toda la sociedad, pues deslegitima el sistema de justicia, ahuyenta la inversión y el desarrollo, trastorna la vida normal de las personas y sus familias y genera una sociedad en que no existe la confianza, la tranquilidad ni el respeto por los demás.
Por eso, independientemente de la opción que cada uno pueda tomar en el próximo plebiscito constitucional, hay que reconocer lo importante que es que nuestra Carta Fundamental refuerce la lucha en favor de la seguridad pública, que es la principal preocupación de los chilenos y chilenas de hoy.
