En conversación con Diario El Centro, Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, señaló cuál es la realidad de la región de Maule respecto de distintas aristas que integran la seguridad. Desde el aumento de ciudadanos privados de libertad, una representación legal adecuada, los desafíos de la misma Defensoría en esta zona, la importancia de las políticias públicas y más.
¿Cuál es el porcentaje de imputados en la Región del Maule que han sido atendidos por la Defensoría Penal Pública en comparación con otras regiones del país? ¿Existe alguna particularidad o desafío en esta región que impacte estos números?
La Defensoría Penal Pública en la región del Maule atiende alrededor de 15.000 causas al año, lo que corresponde a un 5.5% de los ingresos anuales de la Defensoría a nivel país. El 15% de estas causas corresponden a mujeres imputadas y sólo un 3% a adolescentes. Las causas de extranjeros se radican en el mismo porcentaje que los adolescentes, cifra que ha aumentado progresivamente en los últimos años, y aquí surge el primer desafío, el cual tiene que ver con ampliar nuestra oferta de defensa especializada para personas migrantes y extranjeros, de manera de poder entregar una atención integral a las necesidades de nuestros usuarios de otras latitudes, que incorpore en su defensa su proyecto migratorio.
En el último año ha aumentado de forma exponencial la población de personas privadas de libertad, que alcanzó un 25% de incremento en la región del Maule, esto, unido a la construcción de una nueva cárcel en nuestra región (Complejo La Laguna) nos lleva a visualizar la necesidad de ampliar nuestra dotación de defensores penales penitenciarios -que en la actualidad son solo 3 equipos- y que bajo estas proyecciones resultará en el futuro insuficiente.
Dada la tasa de delincuencia actual en la Región del Maule, ¿cómo evalúa la capacidad y eficacia de la Defensoría Penal Pública para proporcionar representación legal adecuada a todos los imputados que lo requieren?
Desde nuestros inicios como Defensoría Penal Pública, el eje de nuestra función ha sido la cautela y protección de los derechos humanos de todas las personas que enfrentan un proceso penal. Bajo esa idea, nace nuestra defensa especializada, que ha permitido representar a jóvenes, integrantes de pueblos originarios, migrantes, personas privadas de libertad, mujeres, uniformados, diversidades sexuales y personas inimputables por problemas de salud mental, ejecutando distintos proyectos para mejorar el acceso a la justicia y la mejora continua de nuestra prestación.
Reiteradamente lo he dicho y reitero: la calidad es nuestro medio y nuestro fin, y por ello, hemos construido programas de defensa específica para ciertos grupos vulnerables que merecen especial atención. En cada una de las diferentes áreas mencionadas, hemos elaborado manuales de actuaciones mínimas que rigen el obrar de nuestros defensores y que permiten medir y controlar el desempeño a través de un consolidado mecanismo de evaluación y control.
¿Qué desafíos específicos enfrenta la Defensoría Penal Pública en la Región del Maule en comparación con otras regiones del país, y qué estrategias se están implementando para superarlos?
Una de nuestras grandes preocupaciones a nivel nacional y regional, ha sido la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad que hoy cumplen condenas en recintos carcelarios.
Durante 2022, como Defensoría Penal Pública identificamos diversos aspectos de mejora para este grupo, entre ellas, aumentar la cobertura de atención. En ese contexto, y en nuestra preocupación por la integridad física y psíquica de las personas al interior de las cárceles, durante 2022, por ejemplo, pusimos en marcha nuestra iniciativa llamada SIRCAIVI o Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria, cuyo objetivo es denunciar las agresiones que sufren internos por parte de los Agentes del Estado que los custodian.
Otro gran desafío que tenemos como Defensoría, basado en nuestro esfuerzo permanente por mejorar el acceso de las personas a la justicia, también lanzamos un número único de atención telefónica centralizada, operada por funcionarios institucionales quienes, previamente seleccionados y capacitados, están a cargo de resolver los requerimientos iniciales de nuestros usuarios. A través de este canal de atención, llamado Infodefensa, damos respuesta a las consultas más generales y agendamos reuniones y entrevistas, siempre apuntando a que el derecho a la información es clave para una defensa de calidad.
En relación con la demanda de servicios de la DPP en la Región del Maule, ¿se considera que hay suficientes recursos y capacitación para los defensores que operan en la región?
Si bien es cierto que desde el año 2011 a la fecha hemos subido la cantidad de defensoras y defensores en la región – en la actualidad la dotación es de 42, considerando a cuatro defensores extras que tenemos como parte de un programa de rezago por la pandemia- en los últimos dos años, se ha sentido un aumento de la carga de trabajo de nuestros equipos.
Ello traducido en que debemos asumir causas de mucha mayor complejidad y al aumento de presos preventivos en las causas en tramitación. Por lo que, de mantenerse este ritmo de crecimiento, sumado al punitivismo penal (leyes más duras), los criterios más rígidos de persecución penal del Ministerio Público, la baja de estándares requeridos por los jueces para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, muy pronto – en el mediano plazo yo diría- la región debería aumentar su dotación de profesionales y asistentes para poder seguir manteniendo los estándares de calidad en la prestación de defensa penal, que nos ha caracterizado desde nuestros inicios.
¿De qué manera las políticas públicas, tanto a nivel nacional como regional, han influido en las tasas de delincuencia en la Región del Maule y, por ende, en la demanda de servicios de la Defensoría Penal Pública?
La falta de una política clara en materia de migración por parte del Estado de Chile ha hecho que el delito atribuido a migrantes haya aumentado notoriamente en los últimos años. Este fenómeno no ha sido ajeno la región del Maule, ya que en cuatro años la tasa de delitos atribuidos a extranjeros se ha quintuplicado. Por otra parte, la rigidez en materia de medidas cautelares – obra y gracia de la presión mediática, la opinión pública, y criterios judiciales peligrosistas – han hecho que a nivel país la población privada de libertad llegue a niveles alarmantes, lo cual se replica en el Maule que ha pasado recientemente la barrera de los 3000 privados de libertad en la región.
