El Contralor Jorge Bermúdez expuso esta mañana en la Cámara de Diputados, donde señaló que la situación del Maule se repite en varias regiones del país, haciendo referencia al modo del traspaso de recursos. Además, indicó que el informe fue remitido al Ministerio Público, para indagar posibles responsabilidades penales y políticas.
Diario el Centro conversó con el diputado Jorge Guzmán, quien fue uno de los parlamentarios denunciantes ante Contraloría.
Esta jornada Contraloría Regional del Maule, emitió un oficio final, sobre las indagaciones en el Caso Convenios donde el Gobierno Regional del Maule se encuetra involucrado en casos de falta a la probidad.
Específicamente, el organismo encabezado por la gobernadora Cristina Bravo, traspasó asignó recursos “sin resguardar el patrimonio fiscal” a las siguientes fundaciones:
- Urbanismo Social
- Participa
- Tejido Social
- Semilla.
Así, un extenso documento de 85 páginas evidencia diversas irregularidades y las respuestas que, ante cada una, entergó el Gobierno Regional.
Objetivo
“La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría y examen de cuentas a las transferencias a entidades privadas realizadas por parte del Gobierno Regional del Maule, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023“, detalla el documento emitido por Contraloría.
Y agrega: “La revisión tuvo por finalidad validar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente para la asignación de tales recursos, además, verificar que la ejecución de los gastos se haya realizado conforme a lo establecido en los convenios suscritos entre el GORE, región del Maule y las respectivas fundaciones, y comprobar que la rendición de los fondos transferidos se encuentre realizada de acuerdo con la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República”.
3 de 4 fundaciones no tenían relación con el objetivo del proyecto
Entre muchas más observaciones, Contraloría analizó que “el objetivo de la fundación, definido en sus respectivos estatutos, guardara relación con la tipología del programa de inversión formulado”.
Sin embargo, “en tal sentido, se constató que, en 3 de los 4 convenios de transferencias analizados, los objetivos del programa de inversión no tenían un vínculo claro con los objetivos de las respectivas fundaciones“.
Como réplica, en el documento queda expuesto que “el GORE señala que los objetos sociales de las 4 fundaciones, definidos en sus respectivos estatutos, guardan relación con las tipologías de los programas de inversión formulados”.
No obstante, no fue suficiente:
“Las explicaciones vertidas por ese órgano regional no son suficientes para desvirtuar lo objetado, ya que, en virtud de los nuevos antecedentes recabados en el transcurso de la presente fiscalización, se confirma que no existe una directa relación entre los objetivos de las fundaciones acorde a los estatutos de estas y la tipología del programa de inversión formulado y asignado a ellas, por lo que se mantiene la observación“.
Resguardo del Patrimonio Fiscal
Adicionalmente, “se constató que el GORE Maule, no estableció ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que les entregó recursos, situación que no permite resguardar debidamente el patrimonio fiscal antes eventuales situaciones en que el organismo ejecutor deba reintegrar los recursos observados”.
Como si fuera poco, la entidad fiscalizadora deja en evidencia la “ausencia de un procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras”.
Vale mencionar que la sigue una larga lista de observaciones que quedaron plasmadas en el documento:
Sobre las denuncias
Rercordemos que este informe, surge como consecuencia de una serie de denuncias ante Contraloría, llevabas a cabo por parlamentarios, consejeros regionales y particulares.
Diario El Centro conversó con Jorge Guzmán, uno de los diputados que presentó denuncia por falta a la probidad por parte del GORE Maule.
El también abogado, señaló:
“Yo había denunciado esto hace bastante tiempo, que tiene que ver con el uso indebido de los recursos públicos por parte de la gobernadora regional del Maule, quien quien le transfirió 275 millones de pesos a una fundación para fines que nosotros consideramos no pertinente”, partió diciendo.
“Pero además, le exigió a esta fundación, después de transferir los recursos, la contratación de ciertas personas que son simpatizantes, militantes y familiares de funcionarios del Gobierno Regional y militantes políticos de la Democracia Cristiana”, acusó.
“Es un hecho real”
De este modo, Guzmán indicó: “que nosotros hayamos denunciado, fue acreditado en el informe de Contraloría, donde quedó demostrado que esto es un hecho real”.
“Además, esto eventualmente puede ser constitutivo de delito, estos hechos son graves, pueden ser tráfico de influencias y que por tanto se remitieron los antecedentes al Ministerio Público“.
Finalmente, el parlamentario por el Maule aseveró que “Si esos hechos debidamente acreditados son constitutivos de delito y por tanto hay una formalización, yo creo que están dadas las condiciones para poder perseguir también las responsabilidades políticas”, concluyó.
