Artículo de opinión por Emilio Moyano Díaz, Psicólogo, Magister y Doctor en Psicología (Université Catholique de Louvain, Bélgica) y académico de la Universidad de Talca.
El 7/11 terminará de funcionar el Consejo Constitucional elegido popularmente en mayo 2023, constituido por 50 ciudadanos (22 Republicanos, 6 UDI, 5 Renovación Nacional-Evopoli, 5 Revolución democrática independientes, 6 Socialistas, 6 Convergencia social-comunista), entregando al Presidente la nueva propuesta de Constitución a plebiscitar el 17/12.
El lunes 30 recién pasado, cada uno de los miembros de ese Consejo tuvo la oportunidad de cerrar su participación con breve alocución, y también comentaron expertos(as). Salvo los representantes republicanos y sus aliados de la derecha tradicional, a nadie más de este Consejo parece gustarle el texto, calificado por algunos de ellos como mal escrito, o técnicamente incorrecto, imbunche, partisano, entre otros calificativos.
El texto, cuya primera versión de 24 expertos era razonable y virtuoso en tanto resultado de un acuerdo transversal (satisfactorio) entre los diferentes sectores ideológicos nacionales (10 Chile-vamos, 6 socialismo democrático, 4 Apruebo-dignidad, 2 PDC, 1 P. Republicano, 1 Otros), fue cambiado por la mayoría incontestable de las derechas extrema y la tradicional, sin el apoyo de los demás.
¿Por qué está imposibilidad de concordar, negociar, ponerse de acuerdo (y que bien supieron hacer otrora principales líderes de la Concertación), tanto en este segundo ensayo constitucional como en el precedente?
La historia de la humanidad muestra que somos una especie colaborativa eficaz, que cuando decide colaborar es capaz de llegar a la luna, hacer computadores de bolsillo, encontrar rápidamente vacunas, hacer autos no contaminantes, rescatar mineros de la profundidad de la tierra, y tantos otros progresos. ¿Entonces, por qué no para hacer una Constitución?
Observamos clara correspondencia entre la actuación de los Republicanos en este Consejo con los de la extrema izquierda de la fallida convención constitucional primera. Dos conceptos servirán para explicarlo: maximización y codicia.
Maximizador es quien cree que frente a un problema o decisión a tomar (hacer una Constitución en este caso) existe una solución óptima y se encarniza por encontrarla. Por el contrario, quien es un satisfascedor le bastará encontrar una solución que le parezca suficientemente buena, no más (¿recuerda “justicia en la medida de lo posible”?).
Codicia es el deseo de tener siempre más, lo que aplica a cosas materiales y sociales, tales como cosas u objetos o riqueza, pero también poder, estatus, fama, prestigio, sexo, u otros elementos satisfactores.
Maximización y codicia son fuertes motivaciones que pueden resultar positivas cuando se trata de metas individuales como por ejemplo, graduarse, producir (se), enriquecerse, innovar, destacar, pero cuando de lo que se trata es de ponerse de acuerdo con otro(s) para resolver un problema, pueden tornarse obstáculos, inclusive, imposibilitar acuerdos. El interlocutor del maximizador codicioso evaluará rápidamente que éste solo busca alcanzar el 100% de su propio interés y, por lo tanto, se pondrá a la defensiva (incluso podrá ponerse a su vez maximizador), generándose un clima de polarización que entorpecerá cualquier acuerdo posible.
Si maximizadores altamente codiciosos constituyen una mayoría incontestable, será inevitable que impongan maximalismos. Esto fue lo que ocurrió con la extrema izquierda en la primera fallida convención constitucional y con la extrema derecha en el Consejo actual de segundo intento. Así, una vez más, los extremos se encuentran (‘momios’ de izquierda y de derecha), y comparten valores.
Estudios psicológicos muestran que la codicia correlaciona positivamente con el materialismo, y con valores de autopromoción hedonista o promoción personal, en desmedro de las otras personas. La codicia correlaciona negativamente con valores de auto-trascendencia, de modo que mientras más alta, menor inclinación a ir más allá de uno mismo y encontrar sentido en la conexión con los demás (concordando, cediendo, sacrificando algo propio en pos del bien común), y con algo más grande que uno mismo.
El ejemplo egoísta-maximalista dado por nuestra clase política en los dos últimos ensayos constitucionales (que los ciudadanos no pidieron), refuerza la creencia popular que se trata de una clase que vela solo por sus propios intereses, ineficiente, cara, y muy alejada de la idea de que su deber es posibilitar a los ciudadanos ser mejores personas (Platón), o conducir a los ciudadanos a una vida virtuosa (Sócrates).
La clase política que buscó convencer a la ciudadanía pos-octubre 2019 que lo que ésta en realidad quería era una nueva Constitución, ideó mecanismos para ello, y el resultado es ya dos veces insatisfactorio. Mientras, los ciudadanos siguen esperando que se mejoren sus indignas pensiones, sus indignas esperas de más de 400 días para resolver alguna intervención en el sistema público de salud, su indigna impotencia frente a la delincuencia, su asimétrico trato como cliente de empresas y servicios.
Monótona, previsible y globalmente, los partidos de derecha (salvo contados portavoces) aprobarán la propuesta constitucional y los de izquierda rechazarán (con excepciones también). Tener 20 partidos políticos contribuye muy significativamente a la ineficiencia e ineficacia política, dificultando sino imposibilitando llegar a acuerdos. Los partidos reúnen sólo a 437.000 militantes (2,88% del padrón electoral de 15 millones y poco). Tal vez si lo mejor de la nueva propuesta constitucional corresponda a la disminución de parlamentarios, ya que ello contribuiría significativamente a resolver este grave problema del sistema político, que dificulta construir acuerdos, lo cual jamás resolverán los incumbentes.
Aunque temprano aún, las encuestas hoy indican que más del 50% rechazará la propuesta constitucional y más de un 30% -en alza- aprobará. Quizá quienes quieran castigar al gobierno aprueben, tal vez los 2 millones y poco que votaron nulo la última vez se sumen a los 4 millones nuevos votantes que rechazaron y que parecen inclinados a la derecha. Pero, tristemente, se apruebe o se rechace esta nueva propuesta, Chile y sus ciudadanos ya perdieron. Perdimos cuatro años de no solución a lo demandado en el estallido social de octubre de 2019 (pensiones, salud, dignidad). Pero además, hoy se agrega anomia recargada, una economía estancada, desempleo en alza, crimen-miedo a la delincuencia en alza, educación pública en el suelo, sumado a una siempre creciente percepción de corrupción, distancia y desafección por los políticos y la política.
