Urbanismo Social ha hecho llegar antecedentes al Ministerio Público y a Contraloría.
En un comienzo, todos los ojos estaban puestos en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Sin embargo, comenzaron a surgir “aristas” en el Maule. Y es ante este caso que el organismo encabezado por Jorge Bermúdez está pronto a emitir un pronunciamiento específicamente en lo referente a tratos suscritos por la Gobernación Regional liderada por la DC Cristina Bravo.
Contraloría indaga un convenio suscrito por la entidad y la fundación Urbanismo Social, por un total de $264.950.000 para la implementación del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”.
Pese a que el convenio en cuestión fue aprobado conforme a la Resolución n° 8463 del 22 de diciembre y a que la totalidad de los fondos fueron transferidos, el proyecto no ha presentado avances. De este modo y como han sostenido desde la gobernación, se estableció poner término anticipado a los contratos, ya que existía una querella presentada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), tal como señaló el medio La Tercera.
Tal como pudo constatar La Tercera, Urbanismo Social ha hecho llegar antecedentes al Ministerio Público y a Contraloría, los que dan cuenta de que los responsables del nulo avance del programa (según ellos) son justamente las autoridades del Gobierno Regional. A través de documentos, presentados ante la entidad fiscalizadora, indicaron que en reiteradas ocasiones se les negó información necesaria para comenzar la intervención de barrios, y que incluso, nunca se les detalló cuáles eran las zonas donde debían realizar los servicios
Tal como señalaron desde Urbanismo Social a Contraloría, la directora ejecutiva Camila Ramírez “se comunica con Jorge Fajardo, jefe de la División de Planificación Regional, vía telefónica, en el mes de enero de 2023, solicitando confirmación de los cinco barrios a intervenir. En dicha llamada, Fajardo indicó que antes de entregar esa información la fundación debía contratar a personas de confianza de la gobernación -y, en particular, de la gobernadora Cristina Bravo- para la conformación del equipo que ejecutaría el programa”, consignó La Tercera.
Según indicaron, Mario Ramírez, jefe de la División de Fomento e Industria, les señaló que debían contratar a seis profesionales en total. Y nuevamente se les recordó, indicaron, que ese “requerimiento sería una condición para la entrega de información de los cinco barrios a intervenir”.
Ante este hecho y de acuerdo con lo expuesto por la fundación: “los representantes señalaron que toda contratación debía cumplir con los requisitos establecidos y las etapas de los procesos de selección de la organización que busca garantizar mínimos de transparencia y equidad interna, así como cumplir con los estándares de calidad en cada uno de sus proyectos”.
El 16 de mayo le indican a la administración que no habría forma de que contrataran a un concejal en ejercicio y le enviaron carta a la gobernadora explicando el porqué de esta decisión. Frente a lo anterior, no hubo una respuesta, por lo que eso los llevó a dirigir una nueva misiva el 30 de junio con el fin de solicitar el detalle de los barrios en cuestión.
El 30 de junio, cuando ya había estallado el caso de los millonarios convenios cuestionados, desde la fundación, aseguraron haber recibido un correo firmado por Leandra Urzúa, (administradora regional del Maule) donde se les pidió la resciliación o mutuo disenso del convenio. Esto hizo que el 6 de julio la directora pidiera que se les expusieran las razones del término del trato,pese a que no hubo respuestas. Después de esto, Eduardo Segura, coordinador jurídico del Gobierno Regional, les responde uno de los mensajes descartando conocer antecedentes sobre las contrataciones solicitadas.
Consultados sobre este escenario, desde Urbanismo Social aseguraron que siempre han “demostrado apego a sus políticas de probidad y transparencia. Por lo mismo, fue la propia fundación la que alertó sobre esta situación que se presentaba -a lo menos- como irregular en materia de contratación de personas” según indicó La Tercera
Durante su fundación, el proceso de selección de profesionales siempre ha sido abierto, riguroso y transparente en cualquier convenio suscrito,con entidades públicas y privadas. Aún más, en un tema de tal importancia para los habitantes del Maule, como lo era un proyecto sobre seguridad comunitaria.
En tanto, la gobernadora Cristina Bravo señaló que jamás habló con ellos de contratar personal: “La única vez que conversé con ellos (con Urbanismo Social) fue a través de ley de lobby donde me hicieron una presentación de su fundación y sus áreas de trabajo”.
En su defensa y respecto a las comunas que según la fundación no se habrían precisado, aclaró que “todas las iniciativas aprobadas por el Gobierno Regional del Maule tienen identificadas en su formulación y posterior aprobación los beneficiarios, objetivos, la metodología y las comunas a intervenir”.
