Desde la directiva nacional del gremio sostuvieron que con esta decisión, el nivel y la calidad de servicio en el ámbito judicial local dependerá directamente del presupuesto comunal.
Molestia se ha generado en el principal gremio de jueces y secretarios abogados de los Juzgados de Policía Local, luego que el Consejo Constitucional y la Comisión Experta rechazaran una propuesta (que estaba incluida en el borrador del anteproyecto) que creaba los Tribunales Comunales y establecía el camino para el traspaso de los JPL a esta nueva institucionalidad.
Durante la última semana, desde la cúpula de los JPL (que es la organización más antigua y representativa, que reúne a más de 360 asociados perteneciente a casi el 70% de los 379 Juzgados de Policía Local en el país) se envió una nueva carta, esta vez a los comisionados, reiterando sus inquietudes y colocando sobre la mesa una alternativa para que puedan ser considerados en la redacción de la Carta Magna.
A diferencia de lo que se trazó en el borrador del anteproyecto, en esta nueva propuesta se señalaba que “en cada comuna del país habrá Tribunales Comunales con las competencias que determine la ley (…) Procurará la adopción de medios alternativos de solución de conflictos”.
También, en una disposición transitoria, se proponía que:
“El Presidente de la República, dentro del plazo de cinco años contado desde la promulgación de esta Constitución, presentará un proyecto de ley que regule la organización, el funcionamiento y las competencias de los tribunales comunales a que se refiere el inciso 4 del artículo 159, los que serán los continuadores de los Juzgados de Policía Local”.
Modernización
Sin embargo, esta alternativa de redacción de inciso no prosperó, situación que ha decepcionado a la directiva nacional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, que esperaban de este nuevo proceso constitucional la oportunidad de avanzar en una real modernización en los JPL y terminar con la doble dependencia.
Al respecto, la presidenta del INJPL, Carola Quezada, sostuvo que
“El acceso uniforme a una tutela judicial efectiva que, no solo resuelva los asuntos de interés comunal, sino que, también evite que pequeños conflictos escalen a problemas mayores, con resolución alternativa de conflictos y un catálogo actualizado y sistematizado de competencias jurisdiccionales que, por supuesto, deben ser discutidos en sede legislativa”.
