Artículo de opinión por el Dr. Emilio Moyano Díaz, Académico de Excelencia, Universidad de Talca.
Este 2023 ha sido un año de memoria dolorosa (generadora de malestar, no de bienestar), remontada a 50 años.
Como era previsible, quienes vivieron el 11/09/73 y años siguientes, no han cambiado su valoración de los hechos.
Para los jóvenes, parece tratarse de una cuestión histórica muy lejana, que genera respeto de museo, pero sin concitar un interés especial.
Se agrega ahora, que este 18/X/2019 se conmemora 4 años del estallido social chileno contra el abuso, contra la mala atención de salud, contra las pensiones míseras y por la dignidad.
Es un evento más cercano pero, sobre todo, de demandas no satisfechas y aún urgentes para hoy.
El estallido social irrumpió sorprendiendo incluso a los políticos de todo signo, pero su lejanía de la ciudadanía les impidió preverlo. Desde la sorpresa pasaron al temor. La calle repudió a algunos progresistas que intentaron sumarse a las manifestaciones callejeras y, por cierto, a los conservadores del gobierno del momento, en tanto representantes de aquello que no se quería.
El desprecio ciudadano es insoportable para quien vive del aplauso y del voto, y el gobierno del momento percibió amenazada su estabilidad. ¿La solución?; cambiar al Ministro del Interior y, especialmente, sacrificar la Constitución (noviembre 15/2019).
Pero, ¿era acaso eso lo que buscaba la ciudadanía? NO.
La ‘salida creativa’ trajo hasta hoy cuatro años de elecciones de comisiones, inundación de noticias (muchas extravagantes, reforzando la política-espectáculo) acerca del funcionamiento de las mismas, plebiscitos, propaganda, debates, reflexiones, paliza electoral de rechazo a un primer ensayo de Constitución, y seguimos empantanados.
El ensimismamiento constitucional consiguió distraer y concitar atención a una parte de la ciudadanía, pero su efecto principal –buscado o no- es invisibilizar las urgentes necesidades que a veces expresadas con gritos de dolor, otras con cánticos y música de esperanza, fueron exigidas durante el estallido: atenciones de salud con menos de 435 días de espera (vergüenza nacional), superar los montos de pensiones de hombres y mujeres que alcanzan respectivamente al 11/2022 medianas de $ 137.310 y de $ 30.685, (segunda vergüenza nacional), y de superar la asimetría indigna de las relaciones entre empresas y usuarios (tercera vergüenza nacional).
Esta clase política orientada al pasado y profundamente dividida al respecto ha sido –sobretodo-incapaz de solucionar los problemas de los ciudadanos. Su distancia psicológica y social de éstos refuerza la descomposición social por carencia de legitimidad y efectividad de sus liderazgos, a lo que se suma una crisis de confianza y erosión de estándares morales respecto de instituciones políticas y no políticas. La ciudadanía observa políticos que ocupan más de su tiempo en mantenerse en el poder y sus beneficios, que en proveer soluciones a los problemas de los ciudadanos. No sorprende así la sostenida desafección por la política y sus partidos; un abismo separa a los políticos de los ciudadanos.
Y no hemos mencionado la percepción de corrupción que aumenta sistemáticamente en los últimos años, afectando -en el Estado- a Municipios, Parlamento, FFAA, Poder Judicial, y, en lo privado, a Empresas, Iglesias, Fútbol, entre otros. Tampoco a los peores atentados a la libertad y bienestar personal que golpean con fuerza: la delincuencia y el crimen organizado. No es muy serio un país que ignora quien entra y quién sale de su territorio, ni dónde la corrupción y crimen organizado crecen sostenidamente.
Y la resaca de las conmemoraciones mantiene la atención hacia el pasado, ¿hasta cuándo? Si la clase política ‘no piensa país’, en los problemas de la gente, si no piensa en el futuro, el desarrollo es un espejismo.
Los problemas reales de los ciudadanos NO incluyeron en 2019 (ni aparentemente hoy) una nueva Constitución, y permanecen inmodificados, SIN SOLUCIÓN NINGUNA. Liberar de co-pago en salud pública es excelente, pero no disminuye ni en un día la eterna espera para ser atendido. El aumento del sueldo mínimo es justo y necesario, pero hay 450 mil empleos no recuperados post-pandemia. Y llevamos más de una década! sin resolver la miseria de las pensiones.
Si no hay solución a los problemas de los ciudadanos en salud, pensiones y protección frente al delito, ¿qué futuro nos espera? La incapacidad política nos afecta dramáticamente una vez más (como hace 50 años), alejando penosamente a nuestro querido país de su sustentabilidad y su camino al desarrollo.
