Alejandro Cárcamo Righetti, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
Difícilmente alguien en la actualidad, con un criterio medianamente razonable e informado, tendría la osadía de negar la lamentable existencia y proliferación del crimen organizado en Chile. Con ello, cabe precisar, no referimos a bandas de delincuentes locales -las que siempre han existido-, sino que a organizaciones delictivas de carácter internacional.
En efecto, el fenómeno migratorio irregular desbordado, el cual se arrastra desde hace aproximadamente una década sin que los gobiernos de distinto signo político hayan podido enfrentarlo eficazmente, ha traído aparejado, como una externalidad negativa, la articulación de peligrosas bandas criminales en Chile con orígenes y presencia en otros países latinoamericanos.
Así, delitos tales como los sicariatos, los secuestros, las amenazas, las extorsiones, el tráfico de personas y el narcotráfico, todos relacionados entre sí, son, lastimosamente, cada vez más comunes.
Esta delicada situación, hasta hace algunos años bastante inusual o, al menos, desconocida en nuestro país, fuera de poner en serio riesgo a las personas, hace tambalear las bases esenciales del Estado de Derecho, pudiendo, en su extremo, llegar a dinamitar nuestro sistema institucional -político, administrativo y judicial-.
Conocidas por todos, a través de los diversos medios de comunicación social, han sido las amenazas que una red criminal internacional con redes en Chile habría proferido contra fiscales y jueces, quienes son precisamente los encargados de la persecución penal y el juzgamiento de dichas organizaciones delictivas.
El enfrentamiento de un flagelo social como éste, no es fácil -lo que queda demostrado con numerosas experiencias comparadas- y, posiblemente, no existan recetas mágicas ni únicas para superarlo. No obstante, creemos existe una certeza, y es que una sólida política pública de Estado en esta materia, con la colaboración de todos los actores involucrados directa o indirectamente con la problemática, resulta indispensable.
Por lo anterior, es que, para cualquier ciudadano situado fuera de las esferas del poder público, resulta inentendible la situación vivida recientemente en un juzgado de garantía del norte del país, el cual liberó la identificación de más de cincuenta testigos con identidad reservada en una causa seguida contra una red de crimen organizado internacional, poniendo en riesgo la vida y la integridad física y síquica de los involucrados.
Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el mismísimo Gobierno se anunció la presentación de un requerimiento para ante la Corte Suprema, con el fin de que se investigue y revise la conducta ministerial del juez involucrado. Si el magistrado que adoptó la decisión procedió acertadamente o, en su caso, con falta de criterio, por error, por temor, por un involucramiento en la empresa criminal u otra razón, es precisamente, aquello que deberá ser indagado y transparentado por las autoridades respectivas.
El cómo se enfrente esta particular situación y, a su vez, la globalidad del problema en Chile nos dará indicios para responder la interrogante que plantea el título de esta columna, resultando un fenómeno aún en fase embrionaria para dar una respuesta categórica y definitiva.
Eso sí, estaremos definitivamente jodidos, si el crimen organizado logra penetrar en el aparato estatal o, si aún no penetrando, logra atemorizar e inmovilizar a las autoridades y funcionarios públicos encargados de enfrentarlo.
El esfuerzo del Estado en su integridad, de cada una de sus instituciones, autoridades y funcionarios públicos, debe estar dirigido a combatir con probidad, fuerza, entereza y valentía este novedoso fenómeno criminal, de lo contrario, no solamente estaremos en grave riesgo las personas, sino que también, nuestro sistema institucional y la credibilidad ciudadana en él.
