Por Jorge Navarrete Bustamante Director Magister en Gestión y Políticas Públicas. FEN. Universidad de Talca.
Debemos ya regular en Chile el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en el lugar de trabajo; prever disposiciones sobre los derechos de los trabajadores y de los sindicatos en relación con el uso de la IA; y para propósitos relacionados.
La búsqueda de la justicia, la dignidad y la seguridad en el trabajo ha sido el objetivo fundacional del movimiento de los trabajadores, desde los comienzos de la primera revolución industrial hasta la actualidad. Y hoy, ya estamos viviendo una inmensa revolución de IA, pues creará los cambios sociales más profundos de cualquiera de nuestras vidas.
Los rápidos avances en inteligencia artificial han pasado desapercibidos para los formuladores de políticas, pero ya es imposible ignorarlo. Es hora de que nuestras leyes se pongan al día.
El auge de la IA, que llegó para quedarse con sus bondades en productividad, y daños en el empleo, nos obligará a repensar nuestras suposiciones de larga data sobre el mercado laboral. En pocos años, más podrían desaparecer automáticamente un 7% de empleos y, un 30%, en los próximos 20 años.
Para prepararnos, debemos considerar el rol que debe desempeñar la renta básica universal en un mercado laboral, en el que los puestos de trabajo serán cada vez más escasos; así como la necesidad de invertir en educación y formación continua en un país donde pocas personas pueden contar con un trabajo de por vida. .
Ergo, si queremos asegurarnos de que la IA beneficie a todos nuestros intereses, necesitamos ver una colaboración genuina entre el gobierno y la sociedad civil, incluidos sindicatos y, las comunidades de la que formamos parte: debemos lograr una escucha empática.
Es que podemos legislar normas que protejan los derechos de quienes trabajan junto a la IA en las tiendas, oficinas, fábricas y servicios, y preservar esos derechos para las generaciones futuras, en este mundo cada vez más controlado por máquinas.
Comparto, la iniciativa legislativa de un parlamentario inglés, Mick Whitley, que basa su propuestas en tres principios claves: primero, que todos deben estar libres de discriminación en el lugar de trabajo; segundo, que los trabajadores tengan derecho a opinar en las grandes decisiones que les afectan; y, por último, que todos tenemos derecho a comprender cómo se utilizan nuestros datos en el trabajo.
Por tanto, el uso de “alto riesgo” de la IA, debe ser objeto de una mayor regulación, y exige que el Estado implemente directrices sectoriales específicas en función de la IA.
Debemos respetar que los propios trabajadores puedan dar forma a un mundo cada vez más controlado por máquinas, al introducir la obligación legal de que los empleadores consulten con los empleados y sus sindicatos, antes de introducir la IA en el lugar de trabajo.
Es imperioso evitar la discriminación por algoritmo.
Es esencial entonces, afianzar un derecho universal e integral a la revisión humana de las decisiones de alto riesgo que ha tomado IA, así como el derecho a que los trabajadores estén protegidos en todas las decisiones que tomen los empleadores y el propio Gobierno.
Jorge Navarrete Bustamante Director. Magister en Gestión y Políticas Públicas. FEN. Universidad de Talca.
