Se está ordenando la prisión para Vladimir Putin, siendo la situación de miles de niños el principal argumento ante la Corte Penal Internacional.
Los desalentadores resultados se dan a conocer luego de la misión que realizó la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, más conocida como OSCE, dando cuenta de que Rusia violó derechos internacionalmente reconocidos de al menos 20.000 niños deportados que se encuentran sin acompañantes, o bien, son huérfanos.
La misión, estuvo a cargo de tres mujeres: la checa Veronika Bílková, que forma parte de la dirección de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE; la noruega Cecilie Hellestveit y la letona Elina Steinerte, antigua relatora principal del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.
Las tres mujeres, independientes, y expertas en materias de derecho internacional humanitario, señalaron en un informe de 90 páginas que “La misión concluyó que se han producido numerosas y solapadas violaciones de los derechos de los niños deportados a la Federación Rusa”.
Además, el documento agrega: “La Federación Rusa no sólo ha violado manifiestamente el interés superior de estos niños en repetidas ocasiones, sino que también les ha negado su derecho a la identidad, a la familia y a reunirse con su familia”.
Un crimen contra la humanidad
El informe fue enfático en señalar que “la práctica del traslado forzoso o la deportación de niños ucranianos a los territorios temporalmente ocupados y al territorio de la Federación Rusa puede constituir un crimen contra la humanidad”.
Las tres mujeres señalan, además, que actualmente los niños se encuentran “en un entorno completamente ruso, incluido el idioma, las costumbres y la religión, y están expuestos a una campaña de información prorrusa que a menudo se asemeja a una reeducación dirigida, además de estar involucrados en formación militar”.
Si bien, la cifra exacta de niños que se han visto afectados es aún incierta, Bílková afirmó que “se tratarían cerca de 20.000 niños afectados”. Además, a estos niños se les entregaba la nacionalidad rusa y dándolos en adopción para así borrar todo su pasado en Ucrania, dificultando su localización.
La misión, por su parte, fue aprobada por gran parte de los países de la Unión Europea, EEUU, Canadá y Reino Unido, entre otros, mientras que Rusia y Bielorrusia se opusieron.
