Viernes, Abril 26, 2024
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¿En qué consiste la Ley Nain-Retamal, publicada hoy por el Diario Oficial?

La difusión se da luego de que el gobierno promulgara dicha iniciativa legal fusionada, que refuerza y protege la función tanto de la policía uniformada, como de autoridades marítimas y de aeronáutica civil.

Este lunes fue publicada por el Diario Oficial la Ley Naín-Retamal, iniciativa impulsada por parlamentarios de la oposición, que refuerza y protege la labor de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, así como también de autoridades marítimas y aeronáutica civil.

Esta ley es una de las medidas paliativas a la crisis de seguridad actual, junto a otras leyes promulgadas en este mismo contexto, siendo estas: la Ley 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión; la Ley 21.557, que modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro; y la Ley 21.556, que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

¿Qué plantea la Ley Naín-Retamal?

  • Da mayor protección y garantías para que las policías, Gendarmería, Fuerzas Armadas, la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor cuando cumplen rol de orden público.
  • Regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
  • La aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes).
  • Cuando no se dan de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad, excepto que haya dolo.
  • Las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad no procederán a delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.
  • Se restablece la responsabilidad penal del alto mando y se precisa el delito de apremios ilegítimos.
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