Las idas y vueltas entre la Cámara Baja y el Senado acerca del Presupuesto 2023, que fue repuesto con $700 millones menos y que deben pasar a una comisión mixta, para que el proyecto de ley esté finalizado como fecha límite este martes 29 de noviembre.
El jueves 17 de noviembre concluyó, luego de casi 22 horas, la discusión por el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados. En la instancia, dentro de las votaciones que generaron polémica fue la número 15 de la glosa del Tesoro Público, puesto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quedó sin financiamiento, removiendo su presupuesto cercano a los $15 mil millones.
“Uno de los compromisos internacionales de Chile ha sido la promoción y la protección de los derechos humanos a partir de la suscripción de todos los tratados sustanciales vigentes en el marco de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos”, indica el informe “Tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile sobre Derechos Humanos (DDHH)” de la Biblioteca Nacional del Congreso, elaborado en 2020.
Resulta paradójico que, un país que está suscrito a dichos pactos universales, no vele por el resguardo de los DDHH a nivel interno. En este caso, la institución fiscalizadora para tal cumplimiento, es la misma que se quedaría sin recursos. Pero ¿quiénes lo quisieron así?
Votación Cámara de Diputadas y Diputados
Esta determinación estuvo encabezada por los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y Republicanos, a quienes se les adhirió la Democracia Cristiana, no obstante más tarde estos últimos declararon que “fue un error”.
Directora Nacional del INDH
Consuelo Contreras, directora del INDH, manifestó que este hecho es “un golpe muy duro para la democracia”, pues además, también quedó excluido del presupuesto el plan de “Búsqueda de Detenidos Desaparecidos”, que forma parte de “pactos internacionales”, reforzó.
Asimismo, quedaron fuera del Presupuesto el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura, como también 90 mil millones de pesos ya no irían para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural junto a sus instituciones colaboradoras: Fundación Eduardo Frei Montalva; Fundación Patricio Aylwin; Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional; Fundación Salvador Allende; el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.
Sobre esto, Contreras criticó públicamente a través de Twitter: “El INDH es la institución pública encargada de proteger y promover los derechos humanos de todos quienes habitan en el territorio nacional. El que se haya rechazado el presupuesto del Instituto, es un golpe muy duro para la democracia”, señaló e indicó que, así, “avanzan ideas negacionistas de que en el país no ocurren violaciones a los DDHH.”
Sumado al rechazo de casi 15 mil millones para esta institución, en paralelo se aprobó que el INDH rinda cuentas trimestrales del uso de recursos que, hasta este momento, no tiene y que podría no tener permanentemente.
Ola de Críticas
El diputado por el 18° Distrito de la Región del Maule, Jaime Naranjo (PS), quien es presidente de la Comisión de Hacienda e integra la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, lamentó el dictamen de la Cámara Baja: “La derecha más moderada, más racional y más dialogante, se está dejando llevar por estas posiciones extremas y esto lo vemos en diversas materias”, señaló para el medio nacional El Mostrador.
Allí apuntó: “Lo único que uno espera es que esta derecha más racional, entre en un proceso de reflexión que lo lleve a un espíritu de colaboración y no a una actitud de confrontación, que es lo que estamos viendo este último tiempo” sentenció.
En paralelo, el presidente de la Cámara Alta y senador por la Región del Maule, Álvaro Elizalde (PS) indicó que en aquel entonces: “Primó una lógica de barras bravas al momento de votar el Presupuesto, (…) creo que el Senado debe operar con una lógica distinta”, añadió. Más tarde, ad portas de la primera sesión en el Senado llevada a cabo el pasado 22 de noviembre, el parlamentario recalcó: “Espero que en el Senado prime una lógica de país y no partisana de quien saca más partido que otro, y lo que efectivamente, debe primar es lo que el país necesita”.
Vuelco en el Senado
Al llegar el primer día de tramitación de la Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara Alta, el Gobierno de Gabriel Boric determinó reingresar la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero con cerca de 700 millones de pesos menos, pasando de los $14.880 millones a los $14.104 millones. “Tras el debate en la Cámara Baja, ahora presentamos 41 indicaciones, parte de las cuales reponen partidas rechazadas o corrigen temas que a nuestro parecer están planteados equivocadamente”, indicó el ministro de Hacienda Mario Marcel.
Consecutivamente, al segundo día de discusión el panorama para las entidades humanitarias había tomado un vuelco: los fondos para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y las 11 instituciones y fundaciones que forman parte de la dicha institución, junto con los recursos destinados al INDH, habían sido repuestos.
Tras revertirse los resultados de la Cámara Baja, la directora del INDH expresó su contento y también autocrítica: “Me parece que es importante, porque hay desconocimiento y tal vez nosotros tenemos que comunicar de mejor manera. Nosotros trabajamos también con los temas de trata y tráfico de seres humanos. Que son graves violaciones a los derechos humanos”, precisó.
En esa línea, el presidente del Senado valoró la discusión sobre las materias relacionadas con los derechos humanos “más allá de las legítimas diferencias”, dijo.
¿Qué sigue?
El lunes 28 y martes 29 de noviembre, el proyecto de Presupuesto 2023 pasa a tercer trámite y tendrá que definirse a través de una Comisión Mixta para un posterior despacho. El plazo final para que sea aprobado es el martes 29 de noviembre.
En caso de presentar dificultades, el Ejecutivo puede plantear reservas constitucionales para defender algunas partidas o pedir la creación de una comisión mixta legislativa, que analice de nuevo todo el proyecto. Como última alternativa, sería acudir hasta el Tribunal Constitucional (TC), la máxima instancia de justicia del país.
