Domingo, Noviembre 24, 2024
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Corte Suprema y el alza en los planes de salud de isapres

Diego Palomo columnista de El Centro, abogado, Doctor en Derecho Procesal y académico de la Universidad de Talca, opinó sobre la judicialización en torno a las alzas de los precios en los planes de salud en isapres, y cómo esto es un efecto positivo en el ámbito del rol de los jueces en el debate público.

Diego Palomo.

El fallo de la 3a Sala de la Corte Suprema (CS) que comentamos hace algunos días en otro medio (El mostrador), ofrecía diversas particularidades y puntos de interés, para de algún modo, poner atajo a la incontenible judicialización vía protecciones, frente a las alzas de precios de planes de salud.

Varios fueron los mandatos de la CS en esta dirección, recogidos en las sentencias comentadas.

Dijimos en principio, que esta decisión es positiva, ya que refuerza el rol de los jueces en el debate público, cumpliendo la función que le está reservada para sí, que es la resolución de los conflictos en la sociedad. Pero dejaba aún varias dudas respecto a los efectos reales e impacto que pueda tener en el volumen de recursos de protección, que inundan las Cortes de Apelaciones hoy, y en la actuación conforme a Derecho y debidamente justificada de las Isapres, en lo que liga con el incremento de los precios de los planes de salud de sus afiliados.

En definitiva, nos guste más o menos, deja abierta la puerta para que las Isapres, ahora con mayor cuidado y seriedad, ofrezcan a la autoridad un plan de alza (aparentemente) debidamente justificado y motivado, y que sobre todo explique porqué debe subir hasta determinado porcentaje, que no debe ser necesariamente el tope como curiosamente lo entendieron todas las Isapres involucradas.

En fin, las Isapres están con prisas y presionan al Gobierno para alcanzar a corregir esto este mismo año, cuestión nada sencilla y poco probable.

Con todo, si de ahora en adelante las Isapres cumplen con las exigencias de la ley, de la Superintendencia y los criterios de la CS, podrán subir sus precios, lo que desde luego sólo demuestra que la judicialización de esta materia está lejos de acabar. Por desgracia.

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